Santo Domingo.– El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra el regidor Walky Cuevas Charles y la empresa W. Cuevas Autoimport, tras determinar que la acusación presentada por el Ministerio Público por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos está sustentada en pruebas suficientes para ser debatida en un juicio de fondo.
La decisión acoge la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que presentó una acusación respaldada por elementos de prueba testimoniales, documentales, periciales, materiales, financieros y digitales obtenidos durante la investigación.
Además de ordenar la apertura a juicio, la jueza Andrea E. Corcino Cueto mantuvo las medidas cautelares sobre los bienes de los acusados, así como las medidas de coerción impuestas a Cuevas Charles, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica.
La acusación fue presentada por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a los magistrados José Manuel Calzado y Pedro Medina Quezada, con el apoyo del fiscal Luis Alberto García Hernández durante la audiencia preliminar.
Acusación vinculada a una red de narcotráfico
De acuerdo con el Ministerio Público, Walky Cuevas Charles forma parte de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que era encabezada por Yunior Santos Restrepo, condenado previamente a 12 años de prisión.
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Junto al regidor también fueron enviados a juicio Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Autoimport.
La investigación establece que, mediante diversos productos bancarios, el principal acusado habría colocado, reintegrado y estratificado recursos por RD$264,876,599.60 y USD$1,063,632.59, mientras que los demás integrantes presuntamente colaboraban adquiriendo bienes, convirtiendo el dinero ilícito en activos aparentemente legales y participando en actividades relacionadas con el narcotráfico.
El expediente tiene su origen en los allanamientos realizados el 21 de septiembre de 2023, cuando fue arrestado Yunior Santos Restrepo. Durante esos operativos fueron ocupados 93 paquetes de cocaína, con un peso de 96.72 kilogramos; armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, relojes, documentos y equipos electrónicos.
Como resultado de ese proceso, Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión, mientras que su pareja, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, recibió una condena de cinco años de prisión y el decomiso de bienes considerados de origen ilícito.
Tribunal valida las pruebas
Al evaluar la acusación y los planteamientos de las defensas, la jueza concluyó que los hechos atribuidos a los imputados fueron descritos de manera clara e individualizada y que las pruebas presentadas fueron obtenidas conforme a la normativa procesal vigente.
Asimismo, rechazó las solicitudes de exclusión de pruebas formuladas por la defensa, al considerar que cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad para ser debatidas durante el juicio.
El tribunal también admitió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, por presuntas violaciones a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Infracciones Graves.
Durante el juicio serán debatidas pruebas testimoniales, informes periciales, documentos financieros, actas de allanamiento, registros vehiculares, dispositivos electrónicos y demás evidencias recopiladas durante la investigación.
