Sentencian a siete más en la operación Búfalo NK contra narcotráfico
Santo Domingo. – Otros siete integrantes de la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK fueron condenados por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con lo que asciende a 14 el número de personas sentenciadas por su vinculación con la organización criminal.
El tribunal también ordenó la clausura definitiva de tres empresas utilizadas por la estructura y dispuso el pago de multas al Estado, además del decomiso de bienes vinculados al proceso.
Condenas y acuerdos abreviados
Los siete procesados admitieron su responsabilidad penal y se declararon culpables de los delitos imputados, como parte de acuerdos alcanzados con el Ministerio Público, que posteriormente fueron homologados por el tribunal mediante un procedimiento penal abreviado.
El tribunal condenó a Isidoro Rotestán Clase a siete años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario.
Francisco Morrobel Pérez recibió una condena de cinco años, con suspensión de la pena, además del pago de una multa de RD$50,000.
Mientras que Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron sentenciados a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos cada uno.
Durante el período de suspensión, los condenados deberán cumplir las reglas establecidas por el tribunal; entre ellas, mantener un domicilio fijo. En caso de incumplimiento, deberán cumplir la totalidad de las penas en prisión.
Como parte de las decisiones adoptadas, el tribunal ordenó la clausura definitiva de Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L.
Cada una deberá pagar, además, una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
El tribunal también aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel de la Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany de la Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia, en la que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó los acuerdos.
Decomisos y clausura de empresas
Las decisiones judiciales incluyen el decomiso de 18 inmuebles, entre apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas ubicados en zonas de Punta Cana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
También fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.
A esto se suman US$97,700 y RD$17,412,085.91, además de otras sanciones económicas impuestas durante el proceso.
Antes de estas nuevas condenas, otros integrantes de la organización ya habían sido sentenciados.
Rafael Ynoa Santana recibió la pena máxima de 10 años de prisión, mientras Robert Nicolás Acosta fue condenado a siete años.
A Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier les fueron impuestos cinco años de prisión a cada uno, mientras Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años.
En el caso de Juan Henríquez Tavárez, el tribunal aplicó un criterio de oportunidad.
En total, las autoridades han logrado obtener condenas contra 14 personas vinculadas a la estructura criminal.
La organización estaba integrada por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, de acuerdo con las investigaciones.
Según el expediente, la estructura utilizaba rutas marítimas y aéreas para movilizar grandes cargamentos de cocaína entre diferentes jurisdicciones y contaba con capacidad para operar de manera simultánea en varios países.
En el marco de las investigaciones, fueron incautados 1,824 kilogramos de drogas.
Las pesquisas comenzaron en 2020, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades colombianas.
El operativo permitió desarticular una estructura señalada como parte de una red de narcotráfico internacional, con capacidad para movilizar grandes cantidades de cocaína y, posteriormente, introducir al sistema económico los recursos obtenidos de esas actividades ilícitas.