Santo Domingo. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Las juezas consideraron que el tiempo transcurrido desde el inicio del caso no puede evaluarse únicamente mediante un cálculo matemático, sino tomando en cuenta las circunstancias y actuaciones que se han producido durante las distintas etapas del proceso.

El tribunal tampoco encontró que las demoras registradas sean consecuencia de una actuación negligente atribuible al sistema de justicia, por lo que descartó el argumento de la defensa de que el proceso debía concluir por haber superado el plazo establecido.

Tribunal descarta extinguir la acción penal

La decisión permite que continúe el juicio de fondo contra Rodríguez y los demás acusados en el caso Medusa, uno de los procesos por presunta corrupción administrativa de mayor extensión que actualmente se conocen en los tribunales dominicanos.

La defensa de Rodríguez había sostenido que el expediente llevaba varios años en los tribunales y que las dilaciones no podían atribuirse al exprocurador ni a sus abogados. Sus representantes han señalado anteriormente que distintas decisiones judiciales determinaron que retrasos específicos no eran imputables a su cliente.

El planteamiento generó un intenso debate jurídico en las últimas semanas. El Colegio de Abogados de la República Dominicana también se había pronunciado a favor de la extinción del proceso por el vencimiento del plazo máximo de duración.

Sin embargo, el tribunal concluyó que, para determinar si procede la extinción, deben analizarse las actuaciones ocurridas durante el proceso y las causas de las dilaciones, y no limitarse a contar los años transcurridos desde su inicio.

Dimensión del expediente y continuidad del juicio

El caso Medusa tiene como principal imputado a Jean Alain Rodríguez, quien dirigió la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.

El expediente presentado por el Ministerio Público supera las 12,000 páginas y contiene miles de elementos probatorios. La acusación atribuye al exprocurador y a otros procesados un presunto entramado de corrupción que habría ocasionado pérdidas al Estado superiores a RD$6,000 millones.

El proceso ha atravesado distintas etapas judiciales y cambios en el tribunal que conoce el juicio. En 2025, el Segundo Tribunal Colegiado asumió el caso después de que una decisión de la Corte de Apelación apartara a los jueces que anteriormente conocían el juicio, obligando a reiniciarlo.

Con el rechazo de la solicitud de extinción, el juicio de fondo permanece abierto y el tribunal continuará con el conocimiento de las acusaciones y las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas.