SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) advirtió este miércoles que algunos aspectos del nuevo Código Penal podrían generar inseguridad jurídica para las compañías de vigilancia privada, especialmente en materia de uso de la fuerza, legítima defensa y responsabilidad penal empresarial.
El presidente de Adesinc, Freddy González Estrada, sostuvo que la falta de una delimitación clara sobre la responsabilidad de las empresas y sus directivos podría derivar, según explicó, en procesos penales por actuaciones individuales de vigilantes que se aparten de los protocolos establecidos.
“Un fallo individual de un vigilante al margen de los protocolos no puede traducirse en la persecución penal de las empresas o sus directivos por presuntas fallas de supervisión”, planteó González Estrada.
Piden reglas claras sobre uso de la fuerza
El dirigente señaló que uno de los principales puntos de preocupación para el sector es la aplicación de la legítima defensa cuando agentes de seguridad utilizan armas de fuego durante el cumplimiento de sus funciones.
A su juicio, se requieren reglas más precisas que permitan diferenciar una actuación ajustada al deber de una conducta que pueda dar lugar a responsabilidad penal.
González Estrada también advirtió que el aumento de las penas y la incorporación de nuevos tipos penales podrían colocar a las empresas formalmente reguladas en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica.
Pese a sus observaciones, aclaró que Adesinc respalda la modernización del marco legal, aunque considera necesario garantizar proporcionalidad y seguridad jurídica para una industria que, según datos del gremio, genera más de 62,000 empleos formales, mueve más de RD$24,000 millones al año y aporta alrededor de 90 millones de horas de vigilancia.
Recomiendan adecuación preventiva
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el taller “El Nuevo Código Penal y su impacto en la Seguridad Privada”, organizado por Adesinc en Santo Domingo.
Durante la actividad, el jurista Francisco Álvarez, socio de la firma Fabogados, analizó las implicaciones de la nueva legislación en temas como la retención de personas, videovigilancia y custodia de evidencias.
Ante los cambios introducidos por la normativa, Álvarez recomendó a las empresas implementar un proceso de adecuación preventiva de 90 días para revisar protocolos, controles internos y procedimientos legales.
El especialista planteó que ejecutivos y asesores jurídicos del sector deben evaluar desde ahora sus mecanismos de actuación para reducir riesgos ante la entrada en aplicación de las nuevas disposiciones penales.