La Pepca establece que Adán Cáceres, se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear un presunto entramado para distraer fondos públicos.

Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, tiene a su cargo conocer este viernes la audiencia para decidir si otorga o no la prórroga de cuatro meses solicitada por el Ministerio Público para ampliar la investigación del caso de corrupción denominado Operación Coral.

La audiencia está fijada para las 10:00 de la mañana.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien hizo la petición a través de una instancia depositada  4 de enero, para presentar la acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados del caso Coral, está confiado en que el juez acogerá la petición.

En el documento firmado además por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja".

Camacho indicó que con el tiempo requerido quieren profundizar en las investigaciones y completar las nuevas líneas de investigación que han surgido, a fin de llevar ante la justicia a cada involucrado en la presunta trama corrupta.

La red de corrupción denominada Coral de acuerdo con las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres, se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear un presunto entramado para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.

La alegada corrupción también se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia. Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público.

Entre los procesados además de Adán Cáceres, están el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez. Además del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.