Dijo desconocer sobre la suspensión que había solicitado la Inspectoría General al Consejo del Poder Judicial.

SANTO DOMINGO.-El procurador adjunto Wilson Camacho confirmó que la Inspectoría del Poder Judicial solicitó abrir una investigación contra el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

"Desde el Ministerio Público hemos abiertos una investigación, lo que nos ha dicho esa investigación hasta ahora es que hay indicios de que se trata de una estructura, pero por ser una investigación abierta no podemos dar detalles", manifestó Camacho.

Indicó que según las indagaciones existe una estructura en la que podría haber más personas involucradas, pero que debido a que se trata de una investigación abierta, no puede dar más detalles.

“Podría haber otras personas de diferentes naturalezas ligadas al tema, pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos dar más detalles”, respondió al ser cuestionado si las personas involucradas con el juez Rodríguez Consoró estarían siendo investigadas por corrupción o narcotráfico.

Así mismo dijo desconocer sobre la suspensión que había solicitado la Inspectoría General al Consejo del Poder Judicial.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró fue suspendido por cuatro meses y sometido a un juicio disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), por alegadas faltas en el ejercicio de sus funciones.

Se trata del juez que se inhibió de conocer la medida de coerción al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante Félix Alburquerque, acusado de asesinar al comunicador Manuel Duncan, en un hecho ocurrido en un negocio de comida rápida en esta capital.

Se recuerda también que en junio del 2022, el miso juez, dictó un “no ha lugar” a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Para ese entonces, motivó su decisión en que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.

En cuanto el 26 de julio, en el caso de la ucraniana Natalya Kasianova acusada de tortura y barbarie contra un joven dominicano, este mismo juez se inhibió del proceso, argumentó que su decisión se basó porque los abogados de las partes "leyeron documentos que no debieron leer" y para no contaminar el proceso, no quiso continuar con el conocimiento de la medida de coerción.