La prisión preventiva es necesaria en este tipo de procesos, debido al perfil de los implicados, los que cuentan con una estructura de poder económico y político, explicó Mirna Ortiz.

SANTO DOMINGO.- La solicitud de prórroga y la extensión de las medidas de coerción en los casos de corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público genera dudas ante la pertinencia de estas acciones, por lo que la coordinadora de litigacion de la PEPCA, Mirna Ortíz, explicó que ambos son medidas para asegurar un "conocimiento ágil, sin dilaciones, sin intimidación de los testigos y la presentación oportuna de la pruebas".

En su participación en El Despertador, Ortiz explicó que el órgano acusador no haría algo para entorpecer el debido proceso, sino que tomará las medidas necesarias en aras de asegurar la calidad del mismo. 

Es por ello que la magistrada explicó que, en el caso de las prórrogas, este no es un parámetro del Ministerio Público, sino que es "consecuencia de no tener en plazo regular de la investigación la respuesta a ciertas diligencias que nos van a permitir robustecer los elementos de prueba" al momento de presentarlas.

Esto al tomar de ejemplo las solicitudes de auditorías de la Cámara de Cuentas que están publicadas luego que el MP solicita las prórrogas y la ausencia de las auditorías, a su vez, es la razón para que el juez acoja dicha solicitud.

Ortiz fue cuestionada sobre la renuencia a cambiar la medida de coerción a los acusados de corrupción, a lo que respondió que estos casos tienen una lógica distinta a los comunes, debido al perfil de los implicados, los que cuentan con una estructura de poder económico y político.

En ese sentido, explicó que con los acusados por corrupción con una medida diferente a la prisión preventiva corren el riesgo de la compra de testigos, la alteración de las versiones de las personas que comparecerán en juicio; el riesgo de fuga aumenta y pueden intimidar a testigos, este último incluso ya ha pasado, indicó.

Todas estas circunstancias, a juicio de la magistrada Mirna Ortiz, podrían alterar el curso del conocmiento del proceso, mientras, aseguró que el Ministerio Público puede solicitar una extensión de la medida de coerción, pero será decisión del tribunal cambiarla o ratificarla, aseguró.