Mercedes consideró también, que los empleados están desprotegidos ante el acoso o abuso laboral en todos sus niveles tanto en el sector público como privado, por temor a ser despedidos tras sus denuncias.

SANTO DOMINGO.- La muertes de un comerciante chino, apuñalado por su empleada, develó la ignorancia de los trabajadores de sus derechos laborales y de los procedimientos para presentar denuncias de abusos en sus centros de trabajo, así como también la falta de supervisión de las autoridades a las condiciones de los trabajadores en los pequeños negocios.

Al resaltar que es un hecho aislado y que no es la norma de la población china en el país, el abogado Manuel Olivero sostuvo que, en ningún caso, un conflicto entre un empleador y un trabajador justifica el homicidio.

El especialista en derecho civil y empresarial especificó además que, el homicidio está tipificado en el código penal, por lo que este hecho de que la víctima provocará a la acusada, no la exime de que sea juzgada.

Cuando este tipo de casos son denunciados ante el ministerio de Trabajo, la institución realiza un levantamiento por medio de un inspector, quien determina las inconductas y por tanto, los métodos correctivos, indicó Olivero.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó que el ministerio de Trabajo carece de mecanismos que conlleven un régimen de consecuencias a los empleadores, a fin de contribuir a la disminución de los acosos laborales.

Tras calificar como un homicidio involuntario, producto de una provocación innecesaria, la acción de la mujer que mató a su empleador, Manuel María Mercedes exhortó a la prófuga a presentarse ante las autoridades, garantizando su acompañamiento durante todo el proceso judicial.

Mercedes consideró también, que los empleados están desprotegidos ante el acoso o abuso laboral en todos sus niveles tanto en el sector público como privado, por temor a ser despedidos tras sus denuncias.

El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidió al Estado la definición de políticas públicas eficientes que salvaguarden los derechos del trabajador y sanciones en contra de la empresa o el responsable de cometer el abuso.