El ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas reafirmó el compromiso de República Dominicana con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las obligaciones en materia de políticas penitenciarias y carcelarias dirigidas a la rehabilitación y reinserción social de los internos.

Santo Domingo.– El ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas reafirmó el compromiso de República Dominicana con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las obligaciones en materia de políticas penitenciarias y carcelarias dirigidas a la rehabilitación y reinserción social de los internos.

El canciller Vargas habló durante la inauguración de la a IV Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de la OEA, que, hasta este martes, congregará en las instalaciones de la Cancillería dominicana a ministros, viceministros, directores y altos funcionarios de las instituciones penitenciarias de los Estados miembros del organismo regional.

El presidente Danilo Medina encabezó la ceremonia de apertura, la cual también contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anfitrión de este evento, cuyo tema primordial es la humanización de los sistemas penitenciarios.

“Para el Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Danilo Medina, Sánchez, es fundamental que se haya retomado el tema sobre la protección de los derechos humanos de los privados de libertad en los Estados americanos, por lo que queremos saludar el esfuerzo de la Procuraduría General de la República Dominicana en la persona de nuestro procurador general Jean Alain Rodríguez, por asumir el liderazgo de la celebración de esta reunión”, resaltó el ministro de Exteriores.

De igual manera, ponderó la creación en el país del Nuevo Modelo Penitenciario para dignificar la vida de los internos, y la puesta en marcha del “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”.

Finalmente, Miguel Vargas sugirió que todas las instituciones competentes coordinen la ejecución de políticas públicas dirigidas a la prevención de la criminalidad, asegurando que "si logramos disminuir los índices de criminalidad, sin duda, podemos también reducir la población carcelaria”.