El Ministerio Público de este distrito judicial apelará la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario otorgada a la imputada Hilda Abreu López, a quien le fue ocupado un cargamento de 111,722 pastillas de éxtasis, la más grande de ese tipo de drogas decomisada en la República Dominicana, durante un allanamiento practicado el pasado año mediante orden judicial en su residencia.

LA VEGA.-El Ministerio Público de este distrito judicial apelará la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario otorgada a la imputada Hilda Abreu López,  a quien le fue ocupado un cargamento de 111,722 pastillas de éxtasis, la más grande de ese tipo de drogas decomisada en la República Dominicana, durante un allanamiento practicado el pasado año mediante orden judicial en su residencia.


El Primer Juzgado de la

Instrucción de La Vega, luego de acoger una solicitud de revisión de la medida

de coerción hecha por la defensa de la encartada, además de la prisión

domiciliaria, le impuso un localizador electrónico, impedimento de salida del

país, presentación periódica y garantía económica por un monto de 200

mil pesos a través del Banco Agrícola, fundamentando su decisión en que la

imputada dio positivo al coronavirus (COVID-19).


A través de un comunicado

de prensa el Ministerio Público informó que procederá con la apelación de esa

decisión por entender que es injustificable en razón de que en el sistema

penitenciario nacional hay más internos que han dado positivo a la enfermedad,

inclusive, por delitos  menores, y siguen cumpliendo prisión, llevando el

tratamiento correspondiente en uno de los centros regionales de aislamientos habilitados

con esos fines, más en los casos de personas jóvenes como la imputada que al

momento de su arresto el pasado año tenía 24 años de edad.


En ese sentido, además,

explicó, que en todo el sistema penitenciario del país, como parte de las

medidas implementadas para contrarrestar la propagación de la enfermedad, se ha

implementado un efectivo plan integral que ha permitido controlar la enfermedad

y se han adoptado las medidas de lugar para garantizar la salud de los

internos, aplicándose el protocolo de salud en los casos positivos de COVID-19,

el cual establece su traslado a uno de los centros regionales de aislamientos,

previa evaluación médica, para ofrecerle el tratamiento necesario y procurar su

completa recuperación.


Además, el órgano de justicia,

indicó que, por la gravedad de los hechos en que está involucrada Abreu López,

en virtud de la dimensión del cargamento de la droga que fue ocupada bajo su

poder, y las pruebas recolectadas en el transcurso de la investigación, la

medida cautelar que procede es la prisión preventiva, para garantizar su

presencia en todos los actos del proceso judicial.


Se recuerda que Abreu

López, quien cumplía prisión preventiva en el Centro de Corrección y

Rehabilitación de Rafey Mujeres, en Santiago, es vinculada a una poderosa red

que se dedicaba al tráfico y distribución de éxtasis y al lavado de activos

producto del narcotráfico, la cual fue desmantelada el pasado año, logrando el

Ministerio Público la imposición de distintas medidas de coerción contra varias

personas vinculadas a esa organización criminal, incluyendo a la madre de la

encartada, la señora Hilda Tomasina López de Abreu. 


Resaltó con relación a la

investigación que luego de una labor de alta inteligencia llevada a cabo

durante meses por fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de

Activos y Financiamiento del Terrorismo y un equipo de fiscales adscritos a la

Procuraduría Fiscal de La Vega, las autoridades procedieron al desmantelamiento

de la red, a la cual además se le ha ocupado en el transcurso de la

investigación decenas de propiedades que se presume fueron adquiridas producto

de esa actividad ilícita, así como vehículos, armas y altas sumas de dinero,

tanto en pesos como en dólares.


El Ministerio Público

indicó en la nota informativa que el grupo fue sometido a la justicia por su

vinculación a actividades que constituyen una violación a varios artículos de

la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y al Código Penal

Dominicano, contando con más de setecientas evidencias documentales, materiales

y periciales que han sido obtenidas durante la investigación y que establecen

su relación con el narcotráfico.


Recordó que en el

transcurso de la investigación que se lleva a cabo contra esta red se activó la

persecución de su principal cabecilla, el prófugo Pablo Antonio Martínez

Javier.