El jurista indicó que con esa variación de medida de coerción en el día de hoy la justicia "fue justa" aunque indicó que todavía falta mucho por caminar.

SANTO DOMINGO.- El abogado de la defensa del general De Los Santos Viola, involucrado en el caso Coral 5G, afirmó que con la decisión del tribunal, que varió la medida de coerción a tres de los involucrados en ese caso de supuesta corrupción administrativa, quedó demostrado que el Ministerio Público se está debilitando en el proceso.

En ese sentido, indicó que muy pronto la mayoría  estarán en libertad.

El jurista indicó que con esa variación de medida de coerción en el día de hoy la justicia "fue justa" aunque indicó que todavía falta mucho por caminar.

"Eso va abrir la trucha para que los demás casos como el Coral vayan a salir uno por uno", detalló.

En el caso de Santos Viola, a quien el tribunal le ratificó la medida de coerción de 18 meses, dijo que van a proceder a estudiar el caso para ponderar si apelan o no la decisión que lo mantiene en prisión.

"Hemos decidido, por ahora, no presentar ningún medio para que justifique su libertad porque entendíamos que no teníamos, la justicia, como confiar en ella, pero ya podemos ir confiando porque verdaderamente ya se están poniendo el libertad a la mayoría de los acusados", afirmó.

Además de De Los Santos Viola, el juez del primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejia, ratificó la medida de coerción a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD).

También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.

En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.

En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.

Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.

El magistrado Mejía adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para el 14 de junio del año 2022.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 16 de mayo.