Santo Domingo.- La ejecución de la Ordenanza 4-2021 ha vuelto a poner sobre la mesa un tema sensible en Boca Chica: cómo se gestiona la basura y quién asume el costo del servicio. Aunque la normativa existe desde 2021, su aplicación efectiva en la actualidad ha generado opiniones encontradas entre residentes, comerciantes y autoridades.
El reglamento establece el cobro por la recogida de desechos sólidos con el objetivo de garantizar limpieza, organización y salud pública. Sin embargo, su puesta en marcha ha provocado cuestionamientos, especialmente en torno a los montos y al momento elegido para su implementación.
- Mientras algunos sectores respaldan la medida por considerarla necesaria para mejorar un servicio esencial, otros expresan dudas sobre su impacto y alcance.
Prácticas informales que agravan el problema
Más allá del cobro, el debate ha sacado a relucir una realidad persistente: el manejo informal de los residuos. En distintos puntos del municipio, ciudadanos recurren al pago de terceros —muchas veces personas en condiciones vulnerables— para deshacerse de la basura.
El problema es que, en numerosos casos, esos desechos terminan en vertederos improvisados, lo que incrementa la contaminación, deteriora el entorno urbano y afecta la imagen de Boca Chica.
Esta situación plantea una disyuntiva clara: mantener un sistema informal que perpetúa el desorden o fortalecer el servicio municipal como solución estructural.
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La postura oficial y el llamado a la corresponsabilidad
Desde la Alcaldía insisten en que no se trata de una nueva carga, sino de la aplicación de una disposición vigente desde hace años. Aseguran que el objetivo es corregir fallas, organizar el sistema y mejorar la capacidad de respuesta del ayuntamiento.
Las autoridades también destacan que los recursos recaudados permiten sostener la operatividad del servicio, incluyendo la recolección, el transporte de residuos, el mantenimiento de equipos y el pago del personal de limpieza.
Asimismo, aclaran que estos cobros corresponden a arbitrios municipales, distintos de los impuestos nacionales, y que están destinados exclusivamente a financiar servicios locales.
Ante las críticas y dudas, el cabildo ha iniciado una campaña informativa para explicar el alcance de la ordenanza y promover el cumplimiento.
El debate sigue abierto, pero deja una conclusión difícil de ignorar: la limpieza de una ciudad no depende solo de normas, sino también del compromiso de quienes la habitan.
