SANTO DOMINGO.- La Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comparece hoy ante el pueblo dominicano para expresar profunda preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana y la violencia que se ha instalado en la vida cotidiana.

En ese sentido, de la manera más enérgica, reprochamos la falta de respuestas efectivas de las autoridades frente a una realidad que no puede ocultarse detrás de discursos oficiales ni de cifras imprecisas, sin el debido soporte técnico.

Nos preocupa que el Gobierno insista en vender como logro una supuesta reducción de la criminalidad, mientras las familias dominicanas viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios por incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día y la Policía Nacional, en más de un 80 % de los casos, no ofrece una respuesta oportuna, eficaz ni convincente.

No hablamos de percepciones fabricadas; hablamos de hechos que se repiten en sectores residenciales, en avenidas, en negocios, en parqueos, en colmados, en talleres, en mueblerías y en espacios donde la gente debería sentirse protegida.

Cifras bajo cuestionamiento

El Gobierno afirma que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 8.15 en el año 2025. Sin embargo, esa cifra no tiene soporte técnico verificable.

La Procuraduría General de la República solo dispone de datos hasta 2024, los cuales muestran una tasa de 12.7, mientras el propio Gobierno informó 9.7 para ese mismo período.

Esa diferencia de tres puntos es una contradicción institucional que obliga a preguntar: ¿cuál es la metodología, cuáles son sus fuentes y cuál es la trazabilidad que utiliza la estadística oficial de seguridad?

Tan preocupante como el aumento de la criminalidad y las muertes por este flagelo es que el 59 % de las muertes violentas se producen en conflictos sociales cotidianos, según datos de la propia Procuradora General de la República.

¿A qué se debe esto? Cuando a un padre de familia la inflación le traga el salario, crece la violencia social.

El aumento desmedido de productos básicos de primera necesidad, de los alimentos, de las gasolinas, se ha combinado, además, con la precarización de los servicios públicos: el Metro ahora falla constantemente; ha empeorado el servicio de energía eléctrica, agua potable y otros.

No tener dinero para comprar, dormir al calor de la noche, agobiado por mosquitos, tener que caminar kilómetros a pie o pagar sumas exorbitantes en transporte porque el Metro falla es, en definitiva, caldo de cultivo para la violencia social.

El pueblo dominicano vive hoy en el hartazgo, porque el Gobierno del PRM ha empeorado su calidad de vida. ¡Esa es la verdad que está dimensionando la violencia social en nuestro país!
En los primeros dos meses del año se triplicaron los feminicidios en el país, respecto a 2025. Al mes pasado, la cifra ascendía a 24 mujeres asesinadas.

Violencia social y policial

La convivencia se ha roto. En gran medida, de ahí viene la discusión entre vecinos, altercados de tránsito y riñas familiares que terminan en tragedia.

Un ejemplo claro y, a la vez, lamentable, es el asesinato del conductor en Santiago, ultimado con un arma blanca; este pasó frente a un destacamento policial, pidiendo ayuda, y fue ignorado.

A esto se le suma una autoridad preventiva ausente; la llamada «Reforma Policial» no ha logrado construir protocolos eficaces para intervenir antes de que la violencia termine en tragedia, incluso en sus mismos destacamentos policiales. Ese no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de una violencia que se ha normalizado.

En el primer trimestre de 2026, la Policía Nacional mató a 51 personas. Todos esos casos fueron clasificados institucionalmente como «intercambios de disparos».

Sin embargo, investigaciones periodísticas rigurosas apuntan a que una cantidad importante de esos episodios presentan indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Un Estado democrático no puede combatir la violencia reproduciéndola. Cuando quienes tienen el mandato legal de proteger se convierten en parte del problema, el desafío supera lo criminal y se vuelve moral e institucional.

Frente a esa realidad, el Gobierno habla de modernidad, de reforma, de planes y de proyectos. Pero nosotros preguntamos: ¿de qué modernidad y de qué reforma estamos hablando? La fiebre no está en las sábanas.

Propuestas del PLD

Debido a la falta de resultados de las autoridades y el incremento de la violencia y los ajusticiamientos extrajudiciales, desde el Partido de la Liberación Dominicana solicitamos al Gobierno:
Publicar datos verificables y con metodología transparente. El Gobierno debe sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas completas con fuentes accesibles y permitir la auditoría independiente de los indicadores de seguridad.

La discrepancia entre la tasa que presenta el Gobierno y la que registra la
Procuraduría exige una respuesta oficial clara e inmediata.

Priorizar la prevención sobre la represión. Si el 59 % de las muertes violentas provienen de conflictos sociales, el Estado necesita intervención comunitaria, mediación institucional y políticas de cohesión social. La prevención debe ser el eje central de la política de seguridad, no un anexo.

Investigar con rigor los casos de violencia policial. Los 51 fallecidos en
«intercambios de disparos» durante el primer trimestre de 2026 deben ser investigados de forma independiente, respetando el debido proceso y garantizando la rendición de cuentas. La impunidad institucional es tan peligrosa como la delincuencia.

Revisar con seriedad técnica el proyecto de ley policial. El proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que cursa en el Senado, debe ser analizado con criterio institucional. Figuras como el «general superior» deben sustentarse doctrinalmente antes de ser aprobadas.
Transparentar los fondos de la reforma policial. El fideicomiso vinculado a la reforma debe ser sometido a auditoría social. La ciudadanía tiene derecho a saber;

¿Cuánto se ha invertido?, ¿en qué?, y ¿con qué resultados concretos en el territorio?
El Partido de la Liberación Dominicana habla desde la responsabilidad y no solo llama la atención sobre este grave problema que enfrenta nuestro país, sino que propone soluciones factibles.

Nuestro compromiso es con la vida, con la paz, con la ley, con la verdad y con el pueblo dominicano.

La República Dominicana necesita seguridad con transparencia, prevención con resultados, autoridad con legalidad y una reforma policial que deje de ser un lema para convertirse en una realidad palpable en cada barrio, en cada comunidad, en cada negocio y en cada hogar.