SANTO DOMINGO.- La organización Participación Ciudadana consideró como “justa y válida” la medida de coerción impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de un investigado en el caso Senasa.
La valoración fue expresada por Leidy Blanco, miembro de la entidad, quien sostuvo que el proceso evidencia una grave vulnerabilidad en el sistema de justicia, al tratarse de un funcionario encargado, precisamente, de perseguir delitos de corrupción.
Estamos hablando de un fiscal, de aquel que tiene la responsabilidad mayor para perseguir e investigar delitos de corrupción”, indicó, al tiempo que señaló que este tipo de conducta genera una falta de credibilidad en el sistema y pone en riesgo investigaciones sensibles para la sociedad.
Riesgo para la justicia
Blanco explicó que la medida impuesta responde a la necesidad de garantizar el curso del proceso judicial, al considerar que el imputado podría afectar tanto su propia investigación como la del caso Senasa, al que calificó como altamente lesivo para el país.
Asimismo, advirtió que, en la mayoría de los casos de corrupción, los imputados recurren a maniobras legales para entorpecer los procesos, situación que, según dijo, también se ha evidenciado en este expediente.
Para Participación Ciudadana, la decisión judicial marca un precedente importante dentro del sistema de justicia dominicano, especialmente por tratarse de un actor perteneciente al órgano de persecución.
Servirá de ejemplo para aquellos que lo estén haciendo de manera incorrecta, que sepan que no importa en qué posición estén”, expresó Blanco, destacando que la sociedad dominicana se mantiene vigilante ante los casos de corrupción.
Prisión preventiva impuesta
En cuanto al proceso, tras analizar las evidencias presentadas por el Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Valdez Alcántara, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
- El fiscal está acusado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, luego de gestionar y recibir, en una entrega controlada, la suma de 10 mil dólares de una persona bajo investigación.
La decisión acogió como válida la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.