Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo reunió este martes a especialistas, autoridades, académicos y representantes comunitarios en un amplio diálogo nacional sobre adicciones y salud mental, con el propósito de construir propuestas concretas que fortalezcan la respuesta del Estado ante uno de los desafíos de salud pública más complejos que enfrenta la República Dominicana.
La iniciativa se desarrolló durante el simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”, un espacio de análisis y reflexión donde se debatieron estrategias para mejorar la atención, prevención, rehabilitación y protección de los derechos de las personas afectadas por trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias.
Al encabezar la actividad, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reafirmó el compromiso de la institución con la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar el bienestar integral de la población y destacó la necesidad de una respuesta articulada entre el Estado y la sociedad.
- “Este es un problema que debe abordarse desde los derechos humanos, la evidencia científica, la regulación y el bien común”, expresó.
Proponen acciones concretas para fortalecer la atención en salud mental
Durante su intervención, Ulloa recordó que el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas”, realizado por la institución, ya había advertido sobre el déficit de cobertura en los servicios de salud mental del país, una situación que, según indicó, requiere respuestas urgentes y sostenidas.
El funcionario planteó la necesidad de fortalecer la atención en todos los niveles mediante un modelo integral de salud mental comunitaria y propuso una serie de acciones concretas que surgieron durante el encuentro.
Entre ellas mencionó la creación de una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales, el establecimiento de rutas de inspección y supervisión para centros de rehabilitación, protocolos mínimos con enfoque de derechos humanos y mecanismos de orientación y acompañamiento desde el Defensor del Pueblo.
Asimismo, advirtió que cualquier situación relacionada con privación ilegal de libertad, violencia, maltrato, hacinamiento o prestación irregular de servicios de salud deberá ser remitida a las autoridades competentes.
“La Constitución de la República es el punto de partida de esta conversación. Cuando hablamos de adicciones, salud mental, internamientos o denuncias de maltrato, estamos hablando de un problema constitucional de primer orden”, enfatizó Ulloa.
Estado y comunidad llamados a trabajar juntos
El simposio contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional de Drogas (CND), así como expertos nacionales e internacionales vinculados al sistema judicial y la rehabilitación social.
Entre los temas abordados figuró la reinserción social de personas con adicciones, un aspecto analizado por la exjueza puertorriqueña María del Carmen Berríos Flores y la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, destacó los esfuerzos que desarrolla el Gobierno para fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental y prevención de las adicciones.
“Tenemos que trabajar en la familia, en la escuela y en la comunidad para reconstruir el tejido de la convivencia cotidiana”, afirmó.
El encuentro concluyó con un intercambio de experiencias y propuestas orientadas a fortalecer los servicios de atención, prevención y rehabilitación, con la meta de construir una agenda nacional más inclusiva, humana y efectiva para enfrentar los desafíos de la salud mental y las adicciones en la República Dominicana.