SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó medida de coerción contra varios imputados vinculados a una presunta organización criminal de carácter internacional dedicada a estafas, extorsiones, chantajes, obtención ilícita de fondos y lavado de activos, cuya base operativa funcionaba en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Dirección General de Persecución y organismos nacionales e internacionales, la estructura estaba integrada por personas que dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas, principalmente en los Estados Unidos.
Cómo operaba la red
Según el expediente, el grupo operaba mediante anuncios publicitarios para atraer a las víctimas y, posteriormente, someterlas a extorsión y chantaje.
Los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el propósito de intimidar a las personas y exigirles la entrega de dinero bajo amenazas, de acuerdo con la medida de coerción.
Las autoridades sostienen que los fondos obtenidos eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero y ocultar su origen ilícito.
Lavado y reclutamiento
- La investigación también establece que la organización reclutaba principalmente a jóvenes de Santiago y municipios cercanos, atraídos por la aparente prosperidad económica exhibida por los integrantes de la red.
El Ministerio Público afirma que las acciones de los imputados provocaron graves afectaciones psicológicas a las víctimas y sus familiares, quienes habrían recibido amenazas constantes, incluyendo amenazas de muerte, generando temor, sufrimiento y perturbación emocional.
Allanamientos e investigación
Como parte del proceso investigativo, las autoridades realizaron allanamientos en octubre de 2024 y junio de 2026, ocupando equipos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias que, según el órgano acusador, permitieron identificar los distintos roles desempeñados dentro de la estructura criminal.
La investigación se desarrolla conjuntamente con Homeland Security Investigations (HSI-Santo Domingo) y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), mientras el Ministerio Público continúa las diligencias para desmantelar por completo la presunta red y llevar a sus integrantes ante la justicia.