El Centro Juan XXIII expresó su preocupación ante las discusiones públicas en torno al proyecto minero Romero, desarrollado por la empresa GoldQuest, y llamó a que cualquier decisión sobre la iniciativa se adopte con base en criterios técnicos, científicos y legales, respetando el Estado de derecho y la institucionalidad del país.

Mediante una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, la entidad señaló que ha observado informaciones y percepciones que sugieren la posibilidad de detener el proyecto debido a presiones derivadas de la opinión pública, las redes sociales o manifestaciones ciudadanas, sin que previamente se haya concluido de manera definitiva el proceso técnico y legal correspondiente.

La organización indicó que reconoce y valora el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y preocupaciones sobre temas ambientales y de interés nacional, al tiempo que destacó que la protección del medio ambiente constituye un mandato constitucional y una obligación irrenunciable del Estado dominicano.

Criterios para decidir

No obstante, sostuvo que también resulta fundamental preservar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país, especialmente en asuntos relacionados con la inversión, el desarrollo económico y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, las decisiones públicas deben descansar principalmente sobre criterios técnicos, científicos y legales, y no exclusivamente sobre presiones coyunturales o dinámicas emocionales propias del debate público», sostiene la misiva.

En ese sentido, la entidad saludó la posición expresada por el ministro de Medio Ambiente de esperar la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la legislación ambiental dominicana.

Asimismo, planteó que, si dicho estudio determina técnicamente que el proyecto representa riesgos ambientales incompatibles con la protección de los recursos naturales, correspondería jurídicamente rechazar o detener la iniciativa.

Sin embargo, señaló que, si el estudio concluye favorablemente y establece la viabilidad ambiental del proyecto bajo estrictos estándares de mitigación, supervisión y cumplimiento normativo, las decisiones del Estado deben respetar el marco legal y técnico aplicable.

Institucionalidad y desarrollo

La organización consideró que la República Dominicana necesita fortalecer simultáneamente la protección ambiental, la confianza institucional, la seguridad jurídica y la credibilidad de sus procesos regulatorios.