Minerd remite a Hacienda expedientes de reclamaciones por obras ejecutadas
El Ministerio de Educación envió al Ministerio de Hacienda expedientes por reclamaciones de obras con o sin contrato, según la Ley 16-26.
- La Ley 16-26 fue promulgada el 1 de mayo y autoriza pagos a contratistas.
- Hacienda y Economía preside la comisión especial que revisará y decidirá las reclamaciones.
- Luis Miguel De Camps envió la comunicación oficial para formalizar la transferencia de procesos.
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Santo Domingo. – El Ministerio de Educación (Minerd) informó que remitió al Ministerio de Hacienda y Economía los expedientes relacionados con reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 16-26.
La institución explicó que concluyó las actuaciones administrativas que le correspondían y notificó oficialmente al Ministerio de Hacienda y Economía para que continúe con el proceso de revisión, evaluación y decisión de los casos contemplados en la referida legislación.
La Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo, autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión especial encargada de revisar las reclamaciones por obras realizadas tanto con contratos formales como sin ellos. Dicha comisión es presidida por el Ministerio de Hacienda y Economía.
De acuerdo con el Minerd, una vez agotadas las etapas bajo su responsabilidad, corresponde ahora a las instancias establecidas en la ley llevar a cabo la validación y determinación final sobre los expedientes sometidos.
La comunicación oficial fue enviada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, al Ministerio de Hacienda y Economía, con el propósito de formalizar la transferencia de los procesos y dar continuidad al procedimiento previsto en la normativa.
La aprobación de la Ley 16-26 surgió como respuesta a las reclamaciones de contratistas que, durante años, han solicitado el pago de obras ejecutadas para el Estado, especialmente en el sector educativo, algunas de las cuales quedaron inconclusas o fueron realizadas sin que existiera un contrato formal debidamente registrado.
Con la remisión de estos expedientes, será la comisión creada por la ley la encargada de determinar cuáles reclamaciones cumplen con los requisitos establecidos y pueden ser objeto de pago por parte del Estado.
