Santiago.– Según la medida de coerción del Ministerio Público, los implicados en el fraude en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer habrían suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia a pacientes con cáncer, mientras se facturaba el tratamiento completo al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Cobros duplicados por quimioterapia
Según el expediente, los investigados dividían un solo frasco de quimioterapia entre dos pacientes, pero cobraban a Senasa un frasco completo por cada uno, de manera individual, obteniendo así un pago duplicado por una única dosis dispensada.
La medida de coerción también señala que los implicados presuntamente se dedicaban a comercializar medicamentos donados, incluyendo quimioterapias de alto costo.
El documento detalla que los fármacos que no podían ser vendidos eran dejados expirar, una práctica que el órgano acusador califica como ilegal y perjudicial para personas de escasos recursos que enfrentan enfermedades tan devastadoras como el cáncer.
Otras maniobras y monto investigado
Asimismo, el expediente indica que se facturaban medicamentos biológicos originales a pacientes y aseguradoras, mientras se entregaban equivalentes genéricos de menor costo, obteniendo presuntamente ganancias indebidas.
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El documento también refiere que habitaciones destinadas a pacientes oncológicos habrían sido utilizadas de manera irregular, reduciendo la disponibilidad de espacios para quienes requerían atención especializada.
- De igual forma, se señala el presunto uso de la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
Medicamentos donados y biológicos
De acuerdo con la investigación, la presunta estructura era encabezada por el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, su exesposa y exvicepresidenta del Patronato, Dilcia Isabel Vargas Sánchez; y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de empresas y entidades vinculadas a los imputados.
El Ministerio Público afirma que, entre 2018 y octubre de 2025, los imputados habrían ejecutado un esquema que permitió desviar aproximadamente RD$148.6 millones mediante diversas modalidades fraudulentas.