La cúpula de la Iglesia católica dominicana afirmó este viernes que existe un intento impulsado desde distintos sectores con el “evidente propósito” de debilitar los principios constitucionales vinculados a la protección de la vida desde la concepción, al considerar que estas acciones buscan modificar interpretaciones ya establecidas en el marco legal del país.
Los obispos advirtieron que estas iniciativas representan un riesgo para el orden constitucional, en un debate que vuelve a colocar en el centro la discusión sobre el aborto en el país.
Debate constitucional sobre el aborto
- En su documento, los religiosos sostienen que los intentos de modificar la interpretación constitucional han sido rechazados de manera sostenida durante décadas por el legislador dominicano, al reafirmar la defensa de la vida humana desde la concepción.
«Propiamente, somos de las pocas naciones del mundo que han rehusado sumarse a esas corrientes de la llamada cultura de la muerte”, señala el texto, al tiempo que rechaza que estas demandas se sustenten en argumentos de progreso o derechos.
El Episcopado advirtió que pretender que el Tribunal Constitucional emita una sentencia que contradiga la Carta Magna sería una acción “audaz y de alto riesgo” para la institucionalidad del país.
Posiciones enfrentadas en torno al Código Penal
El Tribunal Constitucional dejó esta semana en estado de fallo varios recursos presentados por grupos feministas, universidades y juristas, que buscan incluir tres excepciones para permitir el aborto: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos producto de violación o incesto.
Actualmente, el artículo 37 de la Constitución establece la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, lo que ha mantenido la prohibición total del aborto en el país, incluso en casos extremos.
Los obispos sostienen que los poderes públicos deben proteger la identidad cristiana de la nación y evitar cualquier debilitamiento de la familia como base de la sociedad.
Sin embargo, organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos han criticado la legislación vigente. Human Rights Watch (HRW) ha señalado que la criminalización del aborto puede vulnerar derechos como la vida, la salud, la integridad personal y la no discriminación.
Además, datos de Naciones Unidas indican que la República Dominicana registra una de las tasas más altas de mortalidad materna en la región, con una parte significativa de estos casos vinculados a abortos inseguros.
El debate sobre la despenalización del aborto en la República Dominicana ha sido un tema recurrente durante las últimas décadas, generando una fuerte confrontación entre sectores religiosos, sociales, jurídicos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. El país mantiene una de las legislaciones más restrictivas de la región, al prohibir el aborto en todas sus formas.
La Constitución dominicana, en su artículo 37, establece la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, lo que ha servido como base legal para mantener la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto, malformaciones fetales o riesgo para la vida de la madre.