Santiago.– Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en el marco de la Operación Oncol4, una presunta estructura encabezada por el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, habría utilizado durante años los recursos de esa institución para ejecutar presuntamente múltiples maniobras fraudulentas.
De acuerdo con el documento, las acciones investigadas habrían perjudicado a pacientes oncológicos, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y al Estado dominicano, mediante el uso irregular de fondos que estaban destinados a la atención y los servicios de salud.
El expediente, depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago, sostiene que la red estaba integrada por Héctor Antonio Lora Cruceta; su exesposa y exvicepresidenta del Patronato, Dilcia Isabel Vargas Sánchez; y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de empresas y entidades vinculadas a los imputados.
De acuerdo con la acusación, los investigados habrían convertido el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) en una estructura destinada a obtener beneficios económicos personales, utilizando recursos que debían estar dirigidos a la atención de pacientes con cáncer.
Desvío de RD$148.6 millones
El Ministerio Público afirma que, entre 2018 y octubre de 2025, los imputados ejecutaron un esquema que permitió desviar aproximadamente RD$148.6 millones mediante diversas modalidades fraudulentas.
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La investigación establece que, durante ese período, el Patronato recibió más de RD$3,754 millones provenientes de Senasa por servicios médicos ofrecidos a pacientes afiliados al régimen subsidiado.
- Entre las principales irregularidades descritas en la medida de coerción figura la entrega del control de la facturación de seguros médicos a una empresa propiedad de Dilcia Vargas Sánchez. Según la acusación, a través de esa compañía se cobraban comisiones por los pagos realizados por las aseguradoras y por los honorarios de médicos que laboraban en el centro, generando beneficios económicos que superaron los RD$100 millones.
El expediente también señala que parte de los fondos de la institución fueron utilizados para cubrir gastos personales de los imputados, incluyendo internamientos, medicamentos, gastos familiares, servicios privados de enfermería y pagos de préstamos personales.
Maniobras con estudios y medicamentos
Otra de las maniobras descritas por los fiscales fue la creación de un denominado “Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas”, donde presuntamente se modificaban las órdenes emitidas por médicos tratantes para agregar estudios y procedimientos que no habían sido indicados originalmente. Según la investigación, esto permitía aumentar las facturaciones realizadas a Senasa.
Para ejecutar ese esquema, el Ministerio Público sostiene que se utilizaron sellos de distintos especialistas y formularios previamente firmados, con los cuales se emitían indicaciones médicas sin que los pacientes fueran evaluados por los profesionales cuyos nombres aparecían en los documentos.
La acusación también describe presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos. Entre ellas, la supuesta prohibición de entregar gratuitamente a los pacientes fármacos donados al centro, los cuales posteriormente eran comercializados. Asimismo, se afirma que medicamentos de alto costo destinados a tratamientos de quimioterapia permanecían almacenados hasta vencer, sin ser suministrados a los pacientes.
De igual forma, el expediente sostiene que se realizaban dobles facturaciones de medicamentos, cobrando dos veces por un mismo producto y que se suministraban dosis incompletas de quimioterapia a algunos pacientes, mientras se facturaban dosis completas a Senasa.
Otra práctica denunciada por el Ministerio Público consiste en la sustitución de medicamentos biológicos originales por versiones genéricas de menor costo, mientras se mantenía la facturación correspondiente a los productos de mayor valor.
La investigación también aborda la presunta privatización de habitaciones destinadas a pacientes oncológicos. Según el documento, espacios cuya estadía era cubierta por Senasa fueron convertidos en habitaciones privadas pagadas directamente por los usuarios, obligando a muchos pacientes de escasos recursos a esperar disponibilidad o recibir tratamientos en áreas de emergencia y pasillos del centro médico.
- El expediente señala, además, que durante varias inspecciones realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Químicos y Precursores y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), fueron detectadas presuntas irregularidades en la venta y manejo de sustancias controladas, incluyendo medicamentos vencidos y la dispensación de productos sin los controles requeridos por la ley.
Fundación y pagos bajo investigación
Dentro de las imputaciones también figura el presunto uso de la Fundación Tócate RD, dirigida por Luisa Yasiris Guzmán de Lora, para desviar recursos económicos del Patronato.
Según la auditoría forense citada por el Ministerio Público, la fundación habría recibido más de RD$1.7 millones en pagos por actividades, donaciones y patrocinios, mientras que Luisa Guzmán habría percibido RD$300 mil por supuestos servicios de gerencia de marketing.
El fraude del papel glossy
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es el denominado “fraude del papel glossy”. La acusación sostiene que Héctor Lora utilizó exoneraciones fiscales otorgadas al Patronato para importar papel fotográfico, tintas, impresoras y equipos que posteriormente eran comercializados a través de terceros. De acuerdo con la investigación, este esquema habría movilizado recursos por más de RD$887.9 millones.
El Ministerio Público también sostiene que los imputados cobraban comisiones ilícitas a proveedores, desmantelaron controles internos de la institución, realizaron reembolsos sin justificación, eliminaron registros digitales y ejecutaron maniobras para dificultar la trazabilidad de las operaciones financieras.
Asimismo, el expediente indica que, tras la elección de una nueva directiva del Patronato en octubre de 2025, los investigados habrían intentado impedir su instalación mediante acciones judiciales y bloqueos financieros contra la entidad.
La solicitud de medida de coerción concluye que las acciones atribuidas a los imputados afectaron directamente los recursos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer de las 14 provincias de la región del Cibao y provocaron perjuicios al sistema público de salud, especialmente a Senasa, cuyos fondos constituyen la principal fuente de financiamiento de la institución.