Santiago.– De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los implicados en el presunto fraude en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer habrían privatizado habitaciones destinadas a pacientes oncológicos.
Según la acusación, esta práctica obligó a numerosas personas de escasos recursos a recibir tratamientos en pasillos y áreas de emergencia.
Habitaciones privadas y cobros fuera de Senasa
El expediente dice: el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta habría convertido habitaciones de ingreso común, cuyos costos estaban cubiertos por el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en habitaciones privadas de una sola cama.
«Otro hecho indignante cometido por el imputado Héctor Antonio Lora Cruceta fue la privatización ilícita de habitaciones en perjuicio de pacientes oncológicos«, dice el documento.
El documento detalla que estas nuevas habitaciones no eran cubiertas por el seguro y debían ser pagadas directamente por los pacientes, con tarifas que oscilaban entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche.
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Según el Ministerio Público, esta práctica habría reducido significativamente la disponibilidad de espacios para pacientes afiliados al régimen subsidiado que requerían hospitalización para recibir sus tratamientos contra el cáncer.
- La medida de coerción señala que los pacientes que no contaban con recursos para costear una habitación privada debían esperar por la disponibilidad de una de las pocas habitaciones compartidas que permanecían operando. En muchos casos, eran colocados en listas de espera sin una fecha definida de ingreso, una situación que, según la acusación, resultaba especialmente delicada debido a que cualquier retraso en la administración de tratamientos oncológicos puede comprometer la salud y la vida de los pacientes.
En muchos casos, eran colocados en listas de espera sin una fecha definida de ingreso, una situación que, según la acusación, resultaba especialmente delicada, debido a que cualquier retraso en la administración de tratamientos oncológicos puede comprometer la salud y la vida de los pacientes.
El documento también sostiene que una habitación identificada como la número 204 era reservada para pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), por lo que no podía ser utilizada para otros fines cuando había procedimientos programados.
Pacientes oncológicos atendidos en pasillos
Como consecuencia de la presunta privatización de habitaciones, el Ministerio Público afirma que muchos pacientes oncológicos que no podían pagar una habitación privada ni esperar una cama disponible terminaban recibiendo quimioterapia en áreas de emergencia o en los pasillos del centro de salud.
La acusación destaca que esta situación representaba un riesgo adicional para los pacientes con cáncer, debido a que son personas inmunocomprometidas y, por tanto, más vulnerables a contraer infecciones en espacios de alto tránsito y exposición.
De acuerdo con la investigación, la presunta estructura era encabezada por el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, su exesposa y exvicepresidenta del Patronato, Dilcia Isabel Vargas Sánchez; y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de empresas y entidades vinculadas a los imputados.
El Ministerio Público afirma que, entre 2018 y octubre de 2025, los imputados habrían ejecutado un esquema que permitió desviar aproximadamente RD$148.6 millones mediante diversas modalidades fraudulentas.
El Ministerio Público afirma que, entre 2018 y octubre de 2025, los imputados habrían ejecutado un esquema que permitió desviar aproximadamente RD$148.6 millones mediante diversas modalidades fraudulentas.