SANTO DOMINGO.– La penalización de la libertad de expresión contemplada en el nuevo Código Penal representa una amenaza para el ejercicio periodístico y constituye un retroceso para la democracia dominicana, afirmó este viernes el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado.
Maldonado consideró que la normativa deberá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional una vez entre en vigencia.
Advirtió, además, que varios artículos del nuevo Código Penal representan un riesgo para los medios de comunicación y podrían fomentar la autocensura, debido al temor de periodistas y comunicadores a enfrentar procesos judiciales, penas de prisión o elevadas sanciones económicas.
«El nuevo Código Penal representa una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo al restablecer penas de prisión que ya habían sido descartadas por el Tribunal Constitucional«, dijo.
Penas de prisión por expresión
Maldonado sostuvo que el Código restablece penas de prisión para delitos de expresión, pese a decisiones previas del Tribunal Constitucional que habían eliminado esa posibilidad.
«No se puede equiparar a un periodista que ejerce un derecho fundamental con un extorsionador; son figuras completamente distintas y el Código no hace esa diferenciación«, indicó.
Asimismo, criticó la incorporación de la figura de la «difamación extorsiva», al considerar que confunde el ejercicio legítimo del periodismo con conductas delictivas como el chantaje y la extorsión.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios enfatizó que un extorsionador es un criminal, mientras que el periodista ejerce un derecho fundamental protegido por la Constitución. A su juicio, el Código no establece una distinción clara entre ambas figuras, lo que podría afectar el libre ejercicio de la prensa y el derecho de los ciudadanos a expresarse.
Riesgo de autocensura en medios
Maldonado indicó que, al igual que otros sectores que ya han anunciado acciones legales, los medios de comunicación podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional para impugnar los artículos que consideran lesivos a la libertad de expresión.
A su entender, aunque la legislación contiene aspectos positivos, estos no pueden lograrse a costa de restringir derechos fundamentales conquistados por la sociedad dominicana.