Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) manifestó su respaldo a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la normativa representa un paso clave para fortalecer la administración de los desechos en el país y mejorar la eficiencia de los servicios municipales de recolección.
Alcance de la reforma de residuos
La entidad municipalista ha sostenido en distintas ocasiones que esta legislación, originalmente promulgada como la Ley 225-20 y posteriormente modificada para ampliar su alcance, busca modernizar el sistema nacional de manejo de residuos, reforzar las competencias de los gobiernos locales y garantizar una disposición final más adecuada y sostenible.
De acuerdo con la posición de Fedomu, la implementación de esta ley permitirá optimizar la recolección de basura en los municipios, mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia modelos más eficientes de gestión ambiental, en un contexto en el que los ayuntamientos enfrentan limitaciones operativas y financieras para ofrecer un servicio de calidad.
La organización también ha señalado que la normativa facilita la planificación territorial del manejo de desechos, promueve el aprovechamiento y valorización de los residuos y fortalece la estructura institucional encargada del sistema nacional de gestión, en coordinación con el Gobierno central y otras entidades vinculadas al sector municipal.
Impacto municipal y gestión ambiental
En el debate público sobre la reforma, Fedomu ha insistido en que una correcta aplicación de la ley contribuirá a reducir los problemas asociados a la acumulación de basura en calles y espacios públicos, al tiempo que permitirá una mayor eficiencia en la operación de los servicios de aseo urbano.
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es considerada por especialistas y autoridades municipales como una de las piezas normativas más importantes para enfrentar la crisis de desechos en el país, al establecer mecanismos para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final, bajo criterios de sostenibilidad y salud pública.