Por: Roberto Rodríguez
Monte Plata.- El caso de Epifanio Castro del Carmen, de 93 años, ha reavivado el debate sobre el cumplimiento de condenas en personas de edad avanzada y con graves problemas de salud, luego de que se conociera su permanencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata, donde cumple una pena de cinco años de prisión.
De acuerdo con la información divulgada por sus familiares y allegados, Castro del Carmen padece Alzheimer, una enfermedad terminal y depende de una sonda para sobrevivir. Además, aseguran que requiere asistencia permanente dentro del recinto penitenciario, apoyo que recibe de otro privado de libertad, Arsenio De Padua, debido a que ya no puede realizar por sí solo sus actividades cotidianas.
El pasado 2 de julio, el juez de Ejecución de la Pena, Richard Fidel Aquino Natera, rechazó una solicitud de variación de la modalidad de cumplimiento de la condena, pese a que Ingrid Janoica se ofreció como garante para asumir su cuidado fuera del recinto penitenciario.
El caso, difundido durante más de dos años por distintos medios de comunicación, tiene su origen en un altercado ocurrido hace siete años con Agustín Calderón Ramírez, de 85 años, presuntamente por un reclamo de RD$3,000 relacionado con la gestión de una pensión. Según se ha informado, Castro del Carmen afirma recordar muy poco de lo ocurrido debido al avance de su enfermedad.
Castro del Carmen fue condenado el 4 de octubre de 2021 por la jueza Juliana Morfa Ramírez. La sentencia, posteriormente confirmada en apelación y casación, establecía que tres de los cinco años de prisión serían cumplidos bajo arresto domiciliario y los dos restantes en el CCR de Monte Plata.
En los últimos días, familiares, vecinos, abogados y comunicadores han solicitado que las autoridades reevalúen su situación, al considerar que su estado de salud es incompatible con su permanencia en prisión.
Asimismo, en redes sociales y otros espacios han circulado versiones sobre una presunta relación familiar entre una jueza y una de las partes involucradas en el proceso. Hasta el momento, no existe información oficial ni pruebas públicas que sustenten esas afirmaciones.