SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó un conjunto de propuestas para modificar y perfeccionar la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el objetivo de corregir aspectos técnicos, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar su armonización con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Entre las principales recomendaciones, el gremio plantea mantener en 30 años el límite máximo ordinario de las penas privativas de libertad y permitir una acumulación excepcional de hasta 40 años únicamente en los casos expresamente previstos por la ley.
Asimismo, propone eliminar tipos penales ambiguos, especialmente aquellos que hacen referencia a «gestos», al considerar que podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias y vulnerar el principio de legalidad.
Libertad de expresión y proporcionalidad penal
El CARD también recomienda revisar las disposiciones sobre difamación e injuria cuando las presuntas víctimas sean funcionarios públicos, al entender que quienes ocupan cargos públicos deben estar sometidos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y que la regulación debe ser compatible con el derecho a la libertad de expresión.
Otra de las propuestas busca precisar los límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar responsabilidades indirectas incompatibles con el principio de personalidad de la pena, particularmente en el caso de los medios de comunicación.
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El gremio expresó, además, preocupación por la denominada inflación punitiva del nuevo Código Penal, debido al incremento de delitos, penas y sanciones complementarias, por lo que sugirió revisar la proporcionalidad del régimen sancionador y evaluar el impacto que tendría sobre el sistema penitenciario y el presupuesto del Estado.
Entre las recomendaciones finales, el CARD pidió armonizar todo el Código con el bloque de constitucionalidad, tomar en consideración las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas contra varios artículos de la Ley 74-25.
Fortalecer la protección de la libertad de expresión y, si fuera necesario, extender el período de vacatio legis para introducir los ajustes técnicos antes de la entrada en vigor de la normativa.
