SANTO DOMINGO. – La reforma del Código Penal dominicano se encuentra en una de sus etapas más decisivas en el Congreso Nacional. Lejos de las discusiones habituales, una coalición integrada por Juventud Con Una Misión (JUCUM), Acción Cristiana, Orozco y Asociados y la firma Juárez Castillo presentó un análisis técnico con el que busca «curar en salud» la nueva legislación antes de su aprobación definitiva.
Los proponentes sostienen que un Código Penal moderno no solo debe castigar el delito, sino también garantizar que la ley no se convierta en una herramienta de doble filo o de interpretación discrecional en perjuicio de los ciudadanos.
La propuesta se centra en la precisión jurídica y la coherencia constitucional, e identifica varios aspectos que, a juicio de las organizaciones, deben ser revisados.
Cambios propuestos en discriminación y sexualidad
1. El debate sobre la «autodeterminación sexual» y la discriminación
La coalición solicita eliminar el término «autodeterminación sexual» del párrafo I del artículo 192, incorporado por el Poder Ejecutivo, al considerar que se trata de un concepto ideológico y jurídicamente impreciso.
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Sostiene que la redacción que sanciona los actos que «afecten gravemente la intimidad y la dignidad» resulta suficiente para proteger los bienes jurídicos tutelados.
Asimismo, expresa preocupación por el artículo 173, que penaliza la discriminación con hasta tres años de prisión y multas. Según el documento, la redacción actual podría afectar las libertades individuales y el derecho de propiedad.
Como ejemplo, advierte que un propietario que decida no alquilar un inmueble a un determinado perfil —como una pareja muy joven, una persona que vive sola o un extranjero— podría enfrentar un proceso penal si el solicitante alega que la negativa obedeció a una condición personal, lo que, afirman, abriría la puerta a interpretaciones subjetivas y arbitrarias.
Recomendaciones sobre niñez y delitos sexuales
2. Protección de la niñez
Las organizaciones consideran que la protección de los menores de edad no admite vacíos legales y, en ese sentido, plantean tres recomendaciones.
La primera consiste en definir con claridad el delito de abandono infantil, ya que, aunque el proyecto lo sanciona, no establece con precisión los elementos que lo configuran, lo que podría vulnerar el principio de legalidad.
También proponen mantener el régimen especial de prescripción para los delitos de agresión sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, con el fin de evitar que el paso del tiempo beneficie a los agresores.
Además, rechazan que el delito de exhibicionismo sexual contemple excepciones por motivos artísticos o culturales, al considerar que ello podría generar vacíos legales, especialmente cuando haya menores involucrados.
3. Libertad de prensa y acoso agravado
En materia de libertad de expresión, el bloque propone modificar el artículo sobre difamación para que la sanción penal se limite a los casos en que se atribuyan públicamente hechos falsos con pleno conocimiento de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.
En cuanto al acoso agravado, solicita mantener la redacción aprobada por el Congreso, al considerar que brinda una protección adecuada a las víctimas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o frente a situaciones de abuso de poder.
4. Endurecer las medidas contra el narcotráfico
La coalición también propone fortalecer las disposiciones relacionadas con el narcotráfico, al entender que el nuevo Código Penal debe dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia transnacional.
Llamado al Congreso
Las organizaciones firmantes sostienen que el éxito de la reforma no dependerá de la rapidez con que sea aprobada, sino de la calidad técnica y constitucional de su contenido.
Por ello, exhortaron a los legisladores a aprobar un Código Penal robusto, adaptado a la realidad social dominicana y capaz de garantizar una persecución efectiva del delito, sin menoscabar los derechos fundamentales ni las libertades individuales de la ciudadanía.
