Santo Domingo. – La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, afirmó que la libre competencia debe integrarse como un criterio de diseño desde la redacción del primer pliego de condiciones, a fin de evitar que la colusión y la concertación de precios encarezcan las compras y servicios del Estado.
Durante su intervención en el II Foro de Contratación Pública, encabezado en su apertura por el presidente Luis Abinader y el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, Vásquez Taveras destacó que el país debe transitar decididamente de un esquema meramente sancionador a uno preventivo.
Herramientas para prevenir la colusión
La titular de ProCompetencia detalló que la institución ha dotado al sector público de herramientas prácticas para blindar las compras del Estado: “Analiza tu pliego”, orientada a suprimir barreras de entrada innecesarias en los requisitos técnicos.
Semáforo Colusorio”, un mecanismo que sistematiza señales de alerta para advertir riesgos de coordinación entre competidores antes de que se formalice la contratación.
Explicó que estas metodologías fortalecieron el diálogo directo con los compradores públicos, en el marco de jornadas formativas que alcanzaron a cerca de mil servidores públicos de 197 entidades gubernamentales.
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Manifestó que desde el órgano regulador se impulsa una visión donde la prevención sea la prioridad: “Porque el mejor caso de colusión no es necesariamente aquel en el que imponemos la multa más alta”.
El mejor resultado para el Estado es aquel en el que conseguimos que la colusión no llegue a producir sus efectos. Ese es el cambio que necesitamos.
Asimismo, subrayó que la competencia debe ser asumida como un criterio de diseño desde el primer borrador de las licitaciones, evitando de forma oportuna los daños que la colusión genera al erario y a la población en general.
Ley 47-25 y reforma antimonopolio
“Ese cambio de mirada es fundamental. Porque la contratación pública no debería limitarse a reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Debe ser capaz de prevenirlo”, manifestó.
En este sentido, refirió que la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas representa una oportunidad importante en esa dirección, porque incorpora la libre competencia dentro de la arquitectura misma de la contratación pública.
“La competencia no comienza cuando se abren las ofertas. La competencia comienza cuando escribimos las reglas para competir. Y cuando esas reglas permiten una competencia genuina, no solamente cumplimos con la ley. Construimos un Estado que compra mejor, administra mejor y le rinde mejores cuentas a su gente”, expresó.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, iniciativa que modificaría la Ley Núm. 42-08 General de Defensa de la Competencia, contempla un tratamiento especial para la detección y sanción de la colusión.
El Foro de Contrataciones Públicas es organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Y es un espacio que busca articular a las instituciones públicas, órganos de control, sector privado, la academia y la sociedad civil para fortalecer la comprensión del régimen administrativo sancionador como herramienta de integridad y prevención del delito, y fomentar mecanismos de transparencia y monitoreo preventivo en los procesos de adquisición del Estado para reducir riesgos institucionales.
