Massachusetts, EE. UU. — Francisco Paulino, un empresario de origen dominicano que llegó a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Massachusetts, enfrenta un proceso judicial federal que podría marcar un antes y un después en su trayectoria política y empresarial.
Paulino, de 61 años y residente en Methuen, representa el distrito 16 de Essex, que incluye las ciudades de Lawrence y Methuen. Este miércoles fue arrestado y acusado de participar presuntamente en un esquema para obtener, de manera fraudulenta, más de 700,000 dólares en beneficios de desempleo y préstamos destinados a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
La acusación formal, presentada por un gran jurado federal en Boston, contiene 11 cargos: ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
Según los fiscales, parte de las operaciones investigadas habrían ocurrido antes de que Paulino fuera elegido para ocupar un cargo público y estarían relacionadas con sus actividades empresariales.
De República Dominicana a Massachusetts
De acuerdo con una entrevista publicada anteriormente por Valley Patriot, Paulino llegó a Estados Unidos procedente de República Dominicana hace más de dos décadas.
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Con el paso de los años desarrolló actividades empresariales en Massachusetts, entre ellas negocios relacionados con preparación de impuestos y servicios hipotecarios. Entre las compañías mencionadas en la acusación figuran Madison Tax, LLC y Madison Mortgage, Inc.
Su trayectoria empresarial posteriormente dio paso a la política estatal, hasta convertirse en representante del distrito 16 de Essex.
Ahora, su carrera se encuentra bajo escrutinio a raíz de una investigación federal, centrada principalmente en el manejo de recursos públicos distribuidos durante la emergencia sanitaria.
El dinero del desempleo
Uno de los señalamientos más importantes está relacionado con el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico, conocido como PUA.
Este programa fue creado durante la pandemia para brindar asistencia a personas que no calificaban para los beneficios regulares de desempleo, incluidos determinados trabajadores independientes.
La acusación sostiene que en abril de 2020 Paulino presentó una solicitud ante el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts en nombre de un familiar de 77 años.
Según los fiscales, en la solicitud se afirmó falsamente que esa persona había trabajado para Madison Tax durante 2019. También se alega que fueron presentados documentos falsificados y certificaciones semanales que contenían información falsa.
Los fiscales sostienen que Paulino hizo que los pagos fueran depositados en una cuenta bancaria bajo su control.
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, el Departamento de Asistencia por Desempleo habría desembolsado más de 44,000 dólares en beneficios relacionados con esa solicitud.
La acusación señala que esos fondos fueron utilizados para diferentes fines, entre ellos, gastos relacionados con bienes raíces, pagos de préstamos y transferencias a una cuenta de campaña política.
Préstamos para pequeñas empresas
El expediente federal también incluye acusaciones relacionadas con los préstamos por daños económicos, conocidos como EIDL, que fueron ofrecidos por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos para ayudar a compañías afectadas por la pandemia.
Uno de los casos señalados involucra a Jackson Enterprise, Inc., empresa que, según los documentos de acusación, fue constituida como un restaurante-cafetería de comida rápida en noviembre de 2019.
Los fiscales sostienen que la compañía no había registrado ingresos antes de agosto de 2020 y que las declaraciones de impuestos reflejaban ingresos de cero dólares en 2019 y 116.925 dólares en 2020.
Sin embargo, según la acusación, Paulino presentó ante la SBA una solicitud en junio de 2020 en la que declaró que Jackson Enterprise había obtenido 426,755 dólares en ingresos durante los 12 meses anteriores al 31 de enero de ese año.
La solicitud fue aprobada y la empresa recibió 136,600 dólares.
Los fiscales alegan que 18.000 dólares de ese dinero fueron utilizados para adquirir bienes raíces en Lawrence.
Fondos destinados a hipotecas
Otra parte de la investigación está relacionada con Madison Tax y Madison Mortgage.
Según la acusación, Madison Tax recibió inicialmente un préstamo EIDL de 109,200 dólares en mayo de 2020. Posteriormente, la SBA aprobó un aumento de 292,600 dólares, elevando el préstamo total a 401,800 dólares.
En octubre de 2021, después de que se depositara el aumento, Paulino presuntamente transfirió 100,000 dólares a una cuenta de Madison Mortgage.
Los fiscales sostienen que ese dinero fue utilizado para financiar una hipoteca de 600,000 dólares destinada a la compra de una vivienda en Methuen.
Un segundo movimiento, ocurrido en diciembre de 2021, habría implicado otros 120,000 dólares transferidos desde Madison Tax a Madison Mortgage. Según la acusación, esos recursos fueron utilizados para financiar una hipoteca de 460,000 dólares para la adquisición de una propiedad en Lawrence.
La fiscalía sostiene que Paulino habría obtenido beneficios económicos de estas operaciones mediante el cobro de intereses y comisiones de originación.
Un cliente también aparece en la investigación
El expediente federal incluye además el caso de un cliente de Madison Tax.
Según los fiscales, en junio de 2020 Paulino recomendó al cliente solicitar un préstamo EIDL y le ofreció encargarse del proceso de solicitud.
El negocio recibió inicialmente 104,300 dólares. Posteriormente, Paulino habría solicitado, sin conocimiento del cliente, un aumento del préstamo.
La SBA aprobó en septiembre de 2021 un incremento de 243,200 dólares.
De acuerdo con la acusación, Paulino informó posteriormente al cliente que había conseguido fondos adicionales y le habría propuesto una operación comercial.
Los fiscales alegan que, posteriormente, el cliente transfirió 200,000 dólares a una cuenta vinculada a Paulino.
Ese dinero, según la acusación, habría sido utilizado para financiar una hipoteca de 680,000 dólares para otro cliente de Madison Mortgage que compraba una propiedad en Lawrence.
La operación habría generado, según los documentos judiciales, intereses y una comisión de originación.
¿Qué significan los cargos?
Paulino enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero.
El fraude electrónico tiene una pena máxima de hasta 20 años de prisión, mientras que el lavado de dinero puede conllevar hasta 10 años, además de multas y períodos de libertad supervisada.
No obstante, las penas máximas establecidas por la ley no significan que esa sea la condena que necesariamente recibiría en caso de ser declarado culpable. Cualquier sentencia dependería del resultado del proceso y de las normas federales aplicables.
Por el momento, Paulino se encuentra acusado, no condenado. Será durante el proceso judicial cuando la fiscalía tendrá que demostrar las acusaciones contenidas en la acusación formal.
El caso coloca bajo presión la carrera de un dominicano que llegó a Massachusetts hace más de 20 años, desarrolló negocios, incursionó en la política y consiguió representar a una comunidad que incluye a Lawrence y Methuen.
Ahora, su futuro político y empresarial queda condicionado por un proceso federal que gira en torno a presuntos delitos cometidos durante uno de los períodos de mayor distribución de ayudas públicas en la historia reciente de Estados Unidos.
