Recordaron hoy el presagio de la magistrada Miriam Germán y culpan al exprocurador Jean Alain Rodríguez por el cuestionado resultado del proceso que lleva casi cinco años.

SANTO DOMINGO.- Mientras la Fiscalía y los condenados por los sobornos de Odebrecht esperan leer la sentencia completa para comenzar a preparar sus apelaciones, la absolución de cuatro de los seis acusados en el caso provocó opiniones divididas en la comunidad jurídica y los partidos políticos.

Estos sectores recordaron hoy el presagio de la magistrada Miriam Germán y culpan al exprocurador Jean Alain Rodríguez por el cuestionado resultado del proceso que lleva casi cinco años.

Un día después de que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitieron su sentencia por los sobornos millonarios de Odebrecht, en la que condenaron a prisión al empresario Ángel Rondón y al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, sigue pendiente una interrogante: dónde están los supuestos sobornados.

Para el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum, el resultado del juicio fue la crónica de una muerte anunciada, al asegurar que el proceso fue torpedeado por factores internos y externos.

Mientras, entrevistados por SIN se mostraron indignados por el resultado del proceso que inició hace más de cuatro años, y consideraron que la sentencia es una muestra de que en el país impera la impunidad.

Las juezas hallaron culpable del delito de soborno y lavado de activos a Rondón, ex representante comercial de Odebrecht en el país, y lo condenaron a 8 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 200 salarios mínimos. Mientras que condenaron a 5 años de prisión a Díaz Rúa por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los ex senadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el ex director de Inapa, Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga fueron absueltos por falta de pruebas.

El tribunal ordenó además el decomiso de algunos de los bienes a los condenados.

Juristas valoraron como un paso de avance el hecho de que, por primera vez, se dictara una sentencia condenatoria a un exfuncionario por violación a la ley de declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito.