Tanto la oposición como la sociedad civil consideran como un desacierto que no se haya conformado la Procuraduría Electoral, tal como establece la Ley.

Por Sarah Vallejo  

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una nube de cuestionamientos y desconfianza cubre el sistema adoptado por el Consejo del Ministerio Público para tratar las denuncias de crímenes y delitos electorales.

Tanto la oposición como la sociedad civil consideran como un desacierto que no se haya conformado la Procuraduría Electoral, tal como establece la Ley.

De cara a los comicios municipales, el tratamiento que se podría dar a las denuncias y querellas de delitos electorales por fiscales de las distintas jurisdicciones preocupa a la oposición.

Mientras peledeístas abogan por dar un voto confianza al órgano judicial, Participación Ciudadana y legisladores opositores condenan que se haya ignorado la disposición de la Ley Electoral que establece la creación de una Procuraduría especial para asuntos comiciales.

La Procuraduría anunció que los fiscales que atenderán las denuncias surgidas de los comicios de este año recibieron capacitación y realizaron un Diplomado en Derecho Penal Electoral.

Algunos delitos podrían ser castigados con prisión de tres meses a dos años de prisión y con multas, de acuerdo con el artículo 282 de la Ley Electoral:

  • Sobornar para inducir a un voto determinado
  • Exhibir carteles proselitistas dentro colegio electoral.
  • Retirar cualquiera boleta oficial del lugar de votación.

Según ha informado la Procuraduría los días 16 de febrero y 17 de mayo los fiscales de las distintas jurisdicciones trabajarán durante 24 horas.