El movimiento cívico Participación Ciudadana sugirió al presidente electo, Luis Abinader, disponer de un protocolo procedimental a ser aplicado en todo el proceso de cierre, eliminación o fusión de instituciones del Estado con funciones semejantes, que garantice la transparencia del proceso y evite controversias basadas en falta de datos o información confusa.

SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana sugirió al presidente electo, Luis Abinader, disponer de un protocolo procedimental a ser aplicado en todo el proceso de cierre, eliminación o fusión de instituciones del Estado con funciones semejantes, que garantice la transparencia del proceso y evite controversias basadas en falta de datos o información confusa.

El protocolo explica que no se vulneren derechos legítimamente adquiridos por los servidores públicos y por terceros, y para que los incumbentes y funcionarios actuales colaboren con el proceso dentro de las responsabilidades que les son aplicables, independientemente de la modalidad legal y administrativa que se adopte para la eliminación o fusión.

Entre las medidas sugeridas previo al cierre formal de la institución, se realicen las siguientes acciones: elaboración de un inventario certificado de todos los bienes muebles e inmuebles de las instituciones a eliminar o fusionar, relación completa de la nómina de empleados, según cargos, sueldos, antigüedad, pertenencia a la carrera administrativa o especial, según el caso, y los derechos laborales pendientes de ejecutar. relación de los pasivos y activos, detallando los nombres en el caso de las deudas por cobrar y deudas por pagar, y su objeto, si existiesen. informe de gestión del incumbente actual, donde se presente los proyectos o actividades concluidas, el estado de los que se encuentran en ejecución y los planes y proyectos en carpeta. relación y estado de los procesos administrativos, contenciosos o judiciales en que la institución se entra envuelta, como parte o bajo otra condición,entrega, bajo inventario, de los archivos de la institución físicos y electrónicos, verificación por parte de la comisión de ética gubernamental de que se ha cumplido con estos requerimientos.