Agrega además que en la gestión de Alain Rodríguez  hubo adquisición fraudulenta de combustible, donde mediante documentos se estableció adquirir la suma de RD$10,700.000.00  en gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petrolum S.R.L., a través de facturas con fecha de febrero del 2020.

SANTO DOMINGO.- De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el exprocurador Jean Alain Rodríguez en conjunto con los imputados Jonathan Rodríguez y Alfredo Solano realizaron uno 22 contratos de alquiler de medios de transporte por el monto de RD$35,940,000.00.

Según el documento, elaboraron múltiples contratos, adendas de contratos al margen de la ley y contratos de confidencialidad que evidencia como operaba el entramado.

El expediente agrega que dichos contratos se firmaron en plena pandemia del COVID-19, “época en que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transportes y pagarlos a través de las cuentas de las  nóminas con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante, por su naturaleza, estos contratos fueron cancelados antes de vencer el plazo de terminación de los mismos”.

Agrega además que en la gestión de Alain Rodríguez  hubo adquisición fraudulenta de combustible, donde mediante documentos se estableció adquirir la suma de RD$10,700.000.00  en gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petrolum S.R.L., a través de facturas con fecha de febrero del 2020.

Según la acusación del MP “en la actualidad no hay evidencias de a quienes le fueron entregados el combustible, en referencia, este expediente fue autorizado por el director Administrativo del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez, participando en el mismo el subdirector financiero, Alfredo Solano y el imputado Jean Alian Rodríguez, quien autoriza la operación”.

Dicho expediente presentado anoche por el MP, dice que en fecha 13 de febrero del 2020, Rodríguez dirigió una comunicación al contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, solicitando la autorización de reconocimiento de deuda y alegando que el combustible adquirido se debía a que en vista de las actividades de la institución se habían realizado consumos adicionales, los cuales no tenían destinatario.

“Pero si todas estas acciones son evidentemente alarmantes  y sin justificación, en fecha del 09 de marzo del 2021 es que la Procuraduría General de la República recibe una comunicación de Sunix, alegando que habían presentado una confusión con la factura B1500041360 y que la misma aparecía como pagada sin estar pagada, debido a una confusión interna”.

En la PGR se creó un entramado criminal, donde utilizaron diferentes modalidades para distraer fondos entre ellas, a través de contratos ficticios de personas que estaban en las nóminas de contratados, según expediente.

El documento establece que los imputados Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano, Rafael Canó, Jenny Marte y Javier Forteza, tenían personas contratadas que realmente eran contratos ficticios realizados para distraer fondos de la Procuraduría con el consentimiento y beneficio de Jean Alain Rodríguez.

Otras de las modalidades en la que supuestamente participaban los imputados eran distrayendo fondos a través de supuestas contratos de transportes como el caso de Alfredo Solano, específicamente con la empresa Sol Grúa, este imputado también cometía maniobras fraudulentas en la construcción de los pozos sépticos del Plan de Humanización; en esta operación participaron  Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez y Jenny Marte, ya que sin su participación y autorización no era posible modificar la ejecución de los contratos del Plan de Humanización.

Estas investigaciones están a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.