Algunos de los abogados señalaron que, pese a sus 634 páginas, el documento depositado por la PEPCA está mal instrumentado y sin pruebas en algunos de los casos.

SANTO DOMINGO.- Debido a la cantidad de pruebas y cargos, el tribunal de Atención Permanente de la capital acogió la solicitud de los abogados de la defensa y fijó para el jueves 25 de noviembre la audiencia de medidas de coerción contra el exdirector de CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou, y otras 12 personas detenidas mediante la Operación Coral 5G, a quienes el Ministerio Pública señala por asociarse con el exjefe de seguridad Presidencial Adán Cáceres para extraer fondos  millonarios de instituciones castrenses.

Fuertemente custodiados fueron trasladados a la sala de audiencia los tres generales y demás implicados, quienes en todo momento se mantuvieron en silencio.

Minutos después, el juez de Atención, Enmanuel López Polanco, aplazó la audiencia, acogiendo la solicitud de la defensa.

Algunos de los abogados señalaron que, pese a sus 634 páginas, el documento depositado por la PEPCA está mal instrumentado y sin pruebas en algunos de los casos.

La PEPCA, que insistió en que cuenta con un caso blindado con pruebas e investigaciones, dijo que el grupo de oficiales y demás implicados burló a las instituciones castrenses.

Según las investigaciones, el grupo encabezado por los generales Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y el exdirector de Seguridad el Metro, Boanerges Reyes Batista, en conjunto con los detenidos en la primera versión de la Operación Coral desviaron al menos 4,500 millones de pesos del erario público.

Con respecto al general De los Santos Viola, el MP detalla que era el encargado de recolectar el dinero proveniente de designaciones, nombramientos y adiciones fraudulentas. Quienes aceptaban esas designaciones ilegales, se pensionaban con los beneficios de las direcciones y subdirecciones adquiridas, debiendo entregar a cambio parte de los beneficios de la dirección obtenida.

La PEPCA asegura que ese tipo de venta de designaciones y nombramientos cobró mayor relevancia durante los últimos ochos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando De los Santos Viola era subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Los fiscales detallaron que el 23 de septiembre del 2020 fue depositada ante la PEPCA una denuncia penal en contra De los Santos Viola porque de forma presunta la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados le cedió irregularmente varios apartamentos y terrenos ubicados en el Residencial Doña Elena, en Las Dianas de Santiago.

Asegura el órgano persecutor que, el oficial, valiéndose de su función como subjefe del CUSEP y de su cercanía con el expresidente Medina, ocupó el apartamento 4D del mismo módulo, y procedió a fusionarlos, creando un solo apartamento de lujo.

La Procuraduría aseguró que a partir del 2014, De los Santos Viola  se apropió irregularmente de una considerable cantidad de terrenos del referido residencial para convertirlos en una lujosa villa, piscina, varias canchas deportivas, pista de atletismo, docenas de máquinas de gimnasio, helipuerto y casa para seguridad.

En la solicitud de medida se detalla que De los Santos Viola adquirió un terreno de unos 32 mil metros cuadrados valorado en más de 90 millones de pesos y ocho inmuebles en las proximidades de la residencial doña Elena, en Santiago. Además, la fiscalía asegura que el oficial usa testaferros para construir el Residencial Jireh.

Como otro ejemplo del uso de testaferros, la Fiscalía asegura que De los Santos Viola adquirió una propiedad a nombre de la asistente doméstica Ana Inoa Germosén.

La audiencia fue fijada para el jueves 25 a partir de las 11 de la mañana.