Para los implicados en la explotación sexual de más de 80 mujeres, la Procuraduría solicita un año de prisión preventiva y que declaren el caso complejo para tener una mayor cantidad de tiempo para investigar.

SANTO DOMINGO.- Tras la incorporación de nuevos imputados físicas y jurídicas en una supuesta red de trata de personas y prostitución, desarticulada a través de Operación Cattleya, fue aplazada por tercera ocasión la audiencia en que le serían conocida la medida de coerción al grupo de 21 implicados.

La audiencia fue aplazada por el Juez Pablo Imbert Rosario para el viernes 26 de este mes, a fin de que la defensa de la razón social Hotel Coco Real, conozca más a fondo la solicitud de medida de coerción sobre las imputaciones a su defendido.

El desconocimiento del expediente por parte de uno de los imputados fue la motivación que tuvo el juez Imbert para aplazar el conocimiento de la solicitud de imposición de medida de coerción en contra de los imputados.

De acuerdo al Ministerio Público, contra el supuesto entramado que vincula a 18 personas físicas y 3 jurídicas, la cual traía al país mujeres colombianas y venezolanas a las que obligaba a prostituirse, existen elementos de prueba que evidencian las operatividades de dicha red.

Para los implicados en la explotación sexual de más de 80 mujeres, la Procuraduría solicita un año de prisión preventiva y que declaren el caso complejo para tener una mayor cantidad de tiempo para investigar.

Allanamientos

Con la apuesta en marcha de la Operación Cattleya el órgano acusador realizó varios allanamientos en el Distrito Nacional y en la región Este, donde rescataron 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolanas entre 18 y 23 años  que alegadamente era movilizadas con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero, según el ministerio público, eran explotadas sexualmente.

De acuerdo con estos, las víctimas eran ubicadas tanto en el Distrito Nacional como en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, donde ofertaban los servicios sexuales a un costo desde 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

El órgano acusador señala además que las jóvenes  eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre tres y cuatro mil dólares   con las redes que las movilizaban, y que además de obligarlas  a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos humillantes e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.