SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, advirtió este martes a los jueces no dejarse sorprender por envasadoras de gas licuado de petróleo que de manera sistemática violan la Constitución y la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y que cuando les imponen multas incoan recursos con la alegada pretensión de evadir la Justicia.

El organismo estatal de defensa de los consumidores llamó a los jueces a no dejarse persuadir “en su buena fe por entidades o personas físicas representantes de esas entidades que tienen la intención de legalizar prácticas fraudulentas que lesionan los intereses económicos de un pueblo pobre.”

Pro Consumidor reveló recientemente que más de dos millones de hogares en todo el país están expuestos al fraude en la venta del gas licuado de petróleo (GLP), por parte de las plantas envasadoras.

La citada advertencia se produjo a propósito del conocimiento hoy de un recurso contencioso interpuesto por la envasadora ONE ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Resolución No. 337.2011 de Pro Consumidor que le impuso una multa de cien salarios mínimos. La misma equivale a RD$511,750 pesos por fraude flagrante en la venta del GLP a los usuarios.

En este sentido, la jueza Yadira de Moya Kunhard aplazó para el martes 13 de marzo un recurso interpuesto por ONE Gas contra Pro Consumidor, a  petición de la parte recurrente, con la finalidad de tomar más conocimiento del expediente, petición que fue acogida por el staff de abogados de Pro Consumidor.

Pro Consumidor afirmó además que representantes del Ministerio Público comprobaron fraude flagrante en  la venta del GLP a los usuarios el pasado 6 de diciembre, luego que técnicos de Pro Consumidor y de la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (Digenor) hicieron las pruebas de rigor. ONE Gas se encuentra ubicada en el Kilómetro 4 de la carretera San Juan de la Maguana-Las Matas.

Alegó además que la compañía envasadora solicitó a los jueces del Tribunal Superior Administrativo una media cautelar que “de modo provisional buscaría la suspensión de la Resolución No. 337.2011”.

Junto a su consultor jurídico Pujols, Pro Consumidor estuvo en audiencia con los abogados Joaquín Zapata y Reyna Matos, así como con la representante del Ministerio Público, Catanalina Arriaga.

Pro Consumidor afirmó también en un comunicado que las envasadoras Galán, Credigas, Asogas y Supligas para evadir el pago interpusieron medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo  “para que suspenda la resolución que impone las multas a pesar de que llevaban años engañando a los consumidores o usuarios de ese combustible.”

Las cuatro envasadores fueron multadas con cien salarios mínimos equivalente a RD$511,750.00 cada una, por presentar irregularidades en el peso y medida en la venta del carburante.

Pro Consumidor dispuso las multas mediante Resolución en virtud de la facultad que le otorga la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario.