A pesar de recientes

operativos policiales para descubrir y desarticular carreras clandestinas de

motores, en las que han decenas de personas han sido detenidas y varios

vehículos retenidos, las competencias no se detienen.


¿Cuál es el castigo que

estable la ley para quienes realizan estas competencias callejeras? y ¿Cuáles

medidas aplicaran las nuevas autoridades de Interior y Policía para controlar

estas carreras?



Nairobi Viloria presenta la

segunda parte de la serie especial Muerte, con las propuestas de los distintos

sectores para poner fin a las Muertes sobre Ruedas, incluyendo la de los

propios participantes en estas carreras.


Despavoridos, decenas de

personas corren y se ocultan cuando ven a las patrullas policiales acercarse…


Los asistentes las

competencias se esconden en vehículos o se dispersan en diferentes direcciones…


Mientras que los motoristas

que participan en la justa emprenden una nueva carrera a toda velocidad, pero

esta vez la meta es no ser atrapados por los agentes.


Pese a que estos operativos

frustran momentáneamente la carrera ilegal, en algunos casos la competencia se vuelve

a organizar en cuestión de hora e incluso en el mismo lugar donde se presentó

la uniformada.


Y es que la presencia de las

autoridades no parece disuadir a estos jóvenes en su interés de participar en

estas actividades ilegales e incluso exhiben con orgullo las experiencias que

han tenido mientras son detenidas.


Solo en lo que va de este

año, unas 200 motocicletas con alteraciones para competir fueron retenidas por

la DIGESETT, mientras que unas 150 personas fueron sometidas a la justicia por

el mismo motivo.


Desde el 2017 las

competencias de velocidad quedaron prohibidas formalmente en el país, según el

Artículo 267 de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial.


La pieza indica que, queda

prohibido a los conductores de vehículos efectuar competencias de velocidad en

las vías públicas. La violación a esta disposición será sancionada con una

multa equivalente de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos del que impere en

el sector público centralizado, la pena de uno (1) a tres (3) meses de prisión

y los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento

correspondiente


Y cuando parecía que el

riesgo no podría ser mayor, estos jóvenes parecen retar a la muerte, creando

otras modalidades para competir.


Se refiere a un estilo de

competencia de “sálvese quien pueda” donde los conductores pueden derribarse a

patadas.


Estas variaciones se

convierten en agravantes en la violación de la ley a la hora de enfrentar a la

Justicia.


Según datos de la DGII, el

parque vehicular llegaba en 2018 a cuatro 4 millones 350 mil 884 unidades, de las

cuales el 55.1 por ciento correspondía motocicletas; el 20.9 por ciento, a

automóviles;  el 10.3% vehículos de carga

y el 9.9% yipetas.


El 3.7% restante se

distribuye entre autobuses, máquinas pesadas, volteos.


En algunos casos, estas

motocicletas llegan en piezas al país a través de las llamadas “mudanceras” o

shippings. Por ello, la Dirección de Aduanas asegura que ha reforzado las

verificaciones de los envíos para evitar el ingreso de artículos ilícitos.


Pese a la velocidad

descontrolada y la falta de medidas de seguridad, los participantes entienden

que el peligro de esas competencias radica únicamente en el tipo de vías donde

se realizan y las propias intervenciones policiales.


“Nosotros no vamos a

tolerar, no vamos a permitir la actitud irresponsable y violatoria de la ley

con las carreras de motores.


Si estos jóvenes están

dispuestos a pagar múltiples multas, cumplir prisión y hasta perder su propia

vida en estas carreras, ¿cuál podría es la alternativa que proponen para poner regular

a esta práctica?


 “Si las federaciones deportivas nos piden, se

les podrían hacer…si quieren pista para correr motores, en el mismo autódromo

se corren motores, ahora estarán ellos en disposición de regularizarse. Ojalá

nosotros reunirnos con un gripo de ellos y que se regularicen”.


El ministro de Deportes,

Francisco Camacho, explica que para regularizar cualquier tiempo de actividad o

contienda deportiva se pertenecer a una federación y cumplir con las reglas de

seguridad y competencia, que incluye trajes especiales y uso de casco.


Un traje especial cuesta 700

Dólares, un casco 500 y un motor en condiciones.


Casco no podemos usar por la

velocidad, pero puede ser de bicicleta y unos lentes.


Mientras las autoridades

organizan sus próximas acciones para detener estas competencias clandestinas y

los corredores esperan con ansias una respuesta de su anhelada pista, una

realidad es segura: estos jóvenes no aceptan erradicar sus competencias ilegales

que pueden generar más Muertes sobre Ruedas.