Conflicto por propiedad de terrenos enfrenta al Plan Sierra y asociación agrícola en Santiago Rodríguez
La Asociación Agrícola Guaragüano alega que fue obligada a ceder el 50 % del valor de los terrenos y cuestiona la validez de los documentos firmados.
- Tribunal de Tierras conoce disputa entre Plan Sierra y Asociación Agrícola Guaragüano en Monción.
- Asociación afirma compró terrenos en 1979; título pasó luego al Plan Sierra.
- Tribunal ordenó experticia caligráfica para verificar firmas y validez de actos legales.
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SANTIAGO RODRÍGUEZ. – En el Tribunal de Tierras de la provincia Santiago Rodríguez enfrenta un conflicto legal entre el Plan Sierra y la Asociación Agrícola Guaragüano por la propiedad de unos terrenos ubicados en el municipio Monción.
En representación de la asociación habló el agrimensor José Cristino Peñalo, quien explicó que los terrenos en disputa fueron adquiridos por la entidad en el año 1979, cuando en esa zona operaban varias fábricas instaladas por empresas agrícolas.
Según detalló, años más tarde, durante la década de 1980 y tras la creación del Plan Sierra en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, esa institución fue designada como asesora agrícola de la asociación, con el propósito de brindar orientación en los procesos productivos.
Peñalo indicó que, posteriormente, la asociación tomó un préstamo bancario para adquirir maquinarias, en una operación en la que el Plan Sierra habría fungido como garante. Sin embargo, debido a dificultades en el pago, el título de propiedad de los terrenos pasó a nombre del Plan Sierra.
La Asociación Agrícola Guaragüano sostiene que, al percatarse de la transferencia, reclamó sus derechos, alegando que se le exigió ceder el 50 % del valor de los terrenos a favor del Plan Sierra. Explicó, además, que se realizaron actos legales que incluyeron una venta parcial y una donación.
No obstante, la asociación afirma que ha mantenido presencia permanente en los terrenos y denuncia que ahora ambas partes niegan la validez de esos actos. Incluso, el entonces vicepresidente de la entidad, quien figura como firmante de los documentos, compareció ante el tribunal y aseguró no recordar haberlos firmado.
Peritaje de firmas
Ante estas contradicciones, el Tribunal de Tierras ordenó una experticia caligráfica para verificar la autenticidad de las firmas y determinar su validez legal.
El proceso continúa en espera de esa evaluación pericial para avanzar en el conocimiento del caso.
