SANTO DOMINGO. – Residentes y líderes comunitarios del distrito municipal de La Pared, en Haina, protestaron este miércoles frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal para exigir la titulación definitiva de sus terrenos y rechazar las acciones legales emprendidas por el general retirado Héctor Rojas Canaán, a quien acusan de intentar quedarse con propiedades donde aseguran viven más de cinco mil familias.

Durante la manifestación, representantes comunitarios denunciaron que el exmilitar reclama más de un millón 500 mil metros cuadrados de terreno, pese a que cientos de residentes poseen títulos provisionales otorgados hace más de dos décadas por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Estamos aquí dándole apoyo a mi comunidad, donde están exigiendo su derecho”, expresó Carmelo Echavarría, presidente de la Junta de Vecinos de La Pared, quien aseguró que la comunidad no permitirá ser desalojada.

Según explicó, en esos terrenos existen escuelas, liceos, áreas deportivas y viviendas construidas por familias que llevan años residiendo en la zona.

«¿Cómo es posible que, donde hay tantas personas humildes y trabajadoras, este señor venga a despojarnos de nuestros terrenos? Nosotros no vamos a ceder un metro de esta tierra”, sostuvo.

De su lado, Adriano García, representante de organizaciones comunitarias, afirmó que más de 30 entidades sociales y comunitarias se han unido para exigir la anulación del título que, según denuncian, posee Héctor Rojas Canaán sobre los terrenos donde está asentada la comunidad.

Indicó que La Pared es una comunidad con más de 200 años de historia y aseguró que los residentes cuentan con documentos provisionales entregados tras un acuerdo entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Agrario Dominicano y el Estado.

«Le entregaron un pueblo entero a una sola persona, donde hay hospitales, escuelas, cementerio y más de cinco mil habitantes”, manifestó.

Los comunitarios explicaron que acudieron a la jurisdicción inmobiliaria para oponerse a un proceso de deslinde que, según alegan, busca facilitar futuros desalojos.

La audiencia relacionada con el caso fue conocida este miércoles en San Cristóbal, mientras los residentes insistieron en que continuarán las protestas hasta obtener garantías sobre la propiedad de sus terrenos.