Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez indican que Rafael Canó Sacco debe ser extraditado para que enfrente los cargos en el país.

SANTO DOMINGO.- El exprocurador Jean Alain Rodríguez, negó este jueves que aspirara a candidatura presidencial del 2016-2020 por el Movimiento Político Renovador y aseguró que no contrato ni pagó la asesoría de la legisladora mexicana Alejandra Lagunes, ya que el presidente del partido político era Rafael Cano Sacco, jefe de gabinete de la Procuraduría y brazo operativo del entramado, y quien según las informaciones, ahora es el principal testigo del Ministerio Público en el caso Medusa.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado del caso Medusa habría contratado a la asesora del expresidente de México Enrique Peña Nieto, la legisladora Alejandra Lagunes para su supuesto proyecto presidencial, y a quien alegadamente le pagó dos millones de dólares.

Este jueves la defensa del exfuncionario aclaró de manera categórica que su cliente haya aspirado a las elecciones presidenciales del año 2020 y mucho menos contratado a título personal asesores para esos fines.

Resaltaron que en el país, ninguna organización política pueda señalar a Jean Alain Rodríguez le “…haya presentado una propuesta a una candidatura” o que haya “…participado en una actividad política durante sus funciones como Procurador”.

Sobre la contratación de la asesora mexicana, el consejo de de defensa a través de un comunicado informaron que “…todo tema político y muy en especial todo tema relativo al movimiento Político Renovación fue coordinado, dirigido y ejecutado por el señor Rafael Canó Sacco, quien era el Presidente de dicho movimiento”, “Cualquier contratación y pago realizado a esa reconocida y prestigiosa asesora, fue realizado por Rafael Canó y no por Jean Alain Rodríguez”.

Según la PEPCA durante la gestión del Jean Alain Rodríguez, en la cuarta planta de a PGR existía una especie de Comando de Campaña, disfrazado con el nombre de Dirección de Coordinación Institucional, pero que sus funciones reales eran realizar trabajos políticos a favor del exfuncionario, donde señalan que utilizaban los vehículos incautados para hacer proselitismo político.

Asimismo, resaltan que el testimonio de la principal testigo inicial Rainiery Medina Sánchez, quien según el Ministerio Público realizó robo asalariado de más de 700 televisores, aseguran que esta fue contratada por Rafael Canó Saco y esta era la persona que supuestamente bajo sus órdenes, distraía bienes de la Procuraduría para el Movimiento Renovación.

Señalan que Jean Alain Rodríguez,“…siempre ha estado disponible para cualquier pregunta sobre su gestión, se presentó voluntariamente a la Procuraduría sin ser llamado y ha pedido que todas las audiencias sean públicas precisamente porque no tiene nada que ocultar o esconder”.

“Muy por el contrario, el señor Rafael Canó Sacco, jefe de las operaciones de la Procuraduría y presidente del movimiento político Renovación, escapó del país, se ocultó por tres meses en Madrid hasta que fue encontrado bajo orden de arresto internacional de la Interpol”.

Con relación al tema de las sobrevaluaciones y sobornos, los abogados del principal imputado reiteraron que la Cámara de Cuentas “…no identificó sobreevaluaciones”.

Y que la persona quien indican como persona que “…presuntamente solicitaba sobornos es precisamente al señor Rafael Canó Sacco”.

Los abogados del exprocurador indican que Rafael Canó Sacco debe ser extraditado para que enfrente los cargos en el país.

Según fuentes, Jean Alain al asumir la función como procurador falsificó los datos de su declaración jurada. Para ese momento estableció que sus bienes ascendían a más de 200 millones de pesos otra de las supuestas maniobras dentro del esquema de corrupción, incluye que creó 18 mil cuentas falsas (bots) en las redes sociales para elogiar y promover sus aspiraciones políticas, así también para atacar a quienes emitían opiniones en su contra. A estos, el Ministerio Público lo denomina lista de “detractores” que eran pagados con recursos de la Procuraduría.

Destaca que los gastos millonarios para mantener la operación de la estructura se hacían con una modalidad de fraude en la nómina de la Procuraduría, en la que se contrataba a personas con salarios que luego devolvían en efectivo.