Aunque el Gobierno sostiene todavía  que la aplicación de la vacuna anti-Covid  es de carácter  voluntario, diversos sectores, incluso empresas,  insisten en plantear la exigencia de la cartilla de vacunación como requisito a la población

SANTO DOMINGO.- El debate nacional sobre la obligatoriedad de la vacuna anti-Covid, las propuestas para restringir el uso de los espacios públicos e incluso sanciones laborales para quienes se nieguen a inmunizarse generó reacciones este jueves,  en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la tercera ola de contagios de la pandemia.

Aunque el Gobierno sostiene todavía  que la aplicación de la vacuna anti-Covid  es de carácter  voluntario, diversos sectores, incluso empresas,  insisten en plantear la exigencia de la cartilla de vacunación como requisito a la población, por considerar que es la única vía para mitigar los efectos de la enfermedad justo cuando se registra una tercera ola de contagios de la pandemia.

 

Desde Copardom, manifestaron este jueves, vía telefónica,  su respaldo a las políticas adoptadas a nivel empresarial, tras asegurar que es una obligación del empleador garantizar la salud colectiva en los ambientes de  trabajo.

Mientras que en Asonahores abogaron por que se continúe la aplicación de medidas de persuasión y convencimiento, las cuales aseguraron han sido efectivas en ese sector, donde alrededor del 90 por ciento de los empleados ya ha recibido al menos una dosis de vacuna.

Las discusiones en torno a la obligatoriedad de la vacuna han cobrado impulso tras la aprobación en el Senado de una resolución que solicita al presidente Abinader disponer la prohibición en el acceso a espacios públicos a quienes se nieguen a inmunizarse.