Respecto al tema, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recordó que la salud es un derecho universal y llamó al Estado a concentrarse en adoptar medidas a nivel de las fronteras.

SANTO DOMINGO.- Tras la decisión del gobierno que además de depurar a todos los estudiantes haitianos que viven en el país con el supuesto fin de detectar a miembros de grupos armados infiltrados, y negar desde este jueves los servicios de salud a todos los inmigrantes indocumentados generó opiniones encontradas entre médicos y miembros de los Derechos Humanos quienes manifestaron que la salud es un derecho universal.

Las parturientas haitianas ocupan más del 60 por ciento de las camas de la región norte del país, así lo expresó este jueves el director del Servicio Nacional de Salud.

El doctor Mario Lama indicó que la situación está impactando también las cifras de la mortalidad materna, ya que cerca del 42 por ciento de esas muertes corresponden a extranjeras sobre todo haitianas que no llegan en condiciones óptimas a los hospitales dominicanos.

Leonardo Aquino, director del hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, uno de los centros de salud de mayor demanda por parte de parturientas haitianas, informó que en lo que va de año unas 2 mil 500 embarazadas del vecino país han dado a luz en ese hospital.

El doctor Aquino, dijo entender que la salud es un derecho de todos los seres humanos, pero que deben acogerse a las directrices de las autoridades, mientras aún están a la espera de los protocolos que se establecerán para cumplir con la medida.

Respecto al tema, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recordó que la salud es un derecho universal y llamó al Estado a concentrarse en adoptar medidas a nivel de las fronteras.

De su lado, la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos, rechazó la medida adoptada por las autoridades.

La Comisión de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar la decisión y advirtió que de no hacerlo estaría depositando un recurso de reconsideración  que es lo que plantea la normativa constitucional cuando una norma o convenio internacional son violados.