Además de objeciones éticas, a los legisladores se les han señalado reiteradamente, sin que esto haya conllevado cambio alguno en sus actitudes, observaciones de carácter legal e institucional, puesto que la Constitución no confiere atribución alguna al Congreso para desempeñar labores de asistencia social, aspecto que corresponde al Ejecutivo a través de las instituciones oficiales que operan en este ámbito.

SANTO DOMINGO.- Cuando Luis Abinader inicie su gestión el 16 de agosto con la supresión de varios organismos para lograr ahorros al fisco y rediccionarlos en provecho del interés colectivo como parte de una política de adecentamiento y austeridad, la expectativa de la opinión pública se enfocará también hacia el nuevo Congreso para establecer cuán alineado podrá estar con respecto a este tema y de qué forma lo podría aplicar en su propia estructura interna.


Como en otras oportunidades,

el debate probablemente girará de forma inicial sobre la posibilidad de

suprimir el “barrilito” y el “cofrecito”, dos fondos que han operado en el

Senado y la Cámara

de Diputados con el pretexto de sustentar programas de asistencia social y que

durante décadas han costado cientos de millones de pesos al contribuyente

dominicano.


Politólogos y analistas

consideran que la supresión de esa fórmula asistencialista podría representar

un primer paso para que el Congreso se ajuste el cinturón y contribuya a la

austeridad que impone la actual pandemia del Covid-19, disminuyendo de forma

apreciable sus gastos que sitúan a la República Dominicana

como el séptimo país con mayor derroche de recursos a nivel legislativo, con

134 millones de dólares, según un estudio realizado por el Centro Regional de

Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).


Los resultados de esa minuciosa

investigación son realmente alarmantes y llaman a la reflexión porque la República Dominicana

aparece como el país de América Latina con mayor número de congresistas con

222, 190 diputados y 32 senadores, por encima de la media de la región, que es

de 204.


Además, cuando se hace la

comparación de congresistas por número de habitantes, somos la segunda nación

con mayor porcentaje en esta región con 22.2%.


Otros datos que evidenció el

estudio de CREES son igualmente preocupantes, ya que el costo en dólares para mantener

el Congreso representa para cada ciudadano 

entre 13.4 y 35.5%, superior al costo promedio de América Latina, que es

de 9.9%.


Por este tipo de carga onerosa

para el Estado y el contribuyente, que es el que nutre el erario con el pago de

sus impuestos, en algunos países se ha establecido un Congreso unicameral y en

otros de la región es tema de debate, a veces dificultado por viejas culturas e

intereses políticos y partidarios. Ecuador, Cuba, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela son ejemplos de países con

congresos unicamerales.


Desde ya en el país se plantea

la necesidad de eliminar definitivamente el objetado mecanismo de asistencia

social que es una dualidad frente a los programas que  realiza el Gobierno y que, a diferencia de lo

que ha ocurrido hasta ahora, no se limite a las acciones de algunos pocos

legisladores que han dado el ejemplo de negase a recibir sus respectivas cuotas

o que simplemente las donan a instituciones caritativas.


En términos teóricos, con un

Congreso en el que el nuevo Gobierno y el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrán mayoría y control parlamentario,

seguir un programa coherente y alineado con el oficialismo no debería representaría

mayor dificultad, por lo que tanto el barrilito como el cofrecito podrían tener

sus días contados si se sigue la pauta que en este campo ha trazado y mantenido

la nueva senadora del Distrito Nacional, Faride Raful.


Durante un largo periodo la

falta de unanimidad ha impedido eliminar estos fondos, que se aplican sin

control ni rendición transparente y que permiten a los senadores recibir un

peso por cada habitante de su demarcación para supuestas ayudas sociales,

mientras los diputados obtienen per cápita 

50,00 pesos mensuales, también para alegadas ayudas sociales en sus

comunidades.


Además de que representan de

hecho un sobresueldo para cada legislador, ambos fondos han sido cuestionados

porque en la práctica son desviados de su finalidad original para ser usados en

la compra de votos y conciencias, prácticas por las cuales en la pasada campaña

electoral la Junta

insistió en que debían ser eliminados.


Quienes abogan por la

supresión del barrilito y el cofrecito entienden que a los congresistas lo que

les corresponde como poder de control y supervisión del Estado, es abogar para

que el Gobierno atienda las necesidades de los sectores más vulnerables de la

población sin un penoso esquema de dádivas.


Además de objeciones éticas, a

los legisladores se les han señalado reiteradamente, sin que esto haya

conllevado cambio alguno en sus actitudes, observaciones de carácter legal e

institucional, puesto que la

Constitución no confiere atribución alguna al Congreso para

desempeñar labores de asistencia social, aspecto que corresponde al Ejecutivo a

través de las instituciones oficiales que operan en este ámbito.