El abogado José Alberto Peña, vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias del sur de Santiago, declaró a Efe, que la Corte ha sido injusta con la República Dominicana, país que, en su opinión, ha sido el más solidario con Haití.

En tanto, Adriano Galván, del Comité de los Derechos Humanos en el norte del país, llamo a la CorteIDH, averiguar las violaciones que cometen las autoridades haitianas en contra de los ciudadanos de ese país que son detenidos de manera indiscriminada.

Asimismo, investigar la situación de las cárceles haitianas, donde muchos presos mueren tuberculosos por la falta de alimentos.

También pidió a la Corte que investigue los supuestos abusos, vejaciones y malos tratos que sufren los dominicanos que ingresan a Haití sin documentos por parte de las autoridades haitianas, que los arrestan y los repatrían con violencia a República Dominicana.

En ese orden, el activista de derechos humanos advirtió que ningún organismo internacional ni país alguno por poderoso que se considere puede decidir e influir en otro y mucho menos presionar para dirimir o cambiar leyes y normas constitucionales para complacer sus antojos y favorecer a otra nación.

«Porqué la Corte Interamericana de Derechos Humanos no toma apuntes sobre las violaciones a los derechos humanos que hay en Haití», expresó.

Mientras que el jurista Pedro Domínguez Brito dijo que aunque es muy liberal y que respeta mucho las cortes internacionales, en especial las de derechos humanos, estima que la sentencia escapa al principio de soberanía, de respeto a los poderes públicos y hasta de la razonabilidad jurídica.

Domínguez Brito dijo que, además, viola principios fundamentales del derecho internacional.

«Su imparcialidad está comprobada y debemos tener cuidado como nación, manejarnos con tacto, como hasta ahora ha hecho el gobierno, pero en su momento deberemos parar con fuerza esta campaña absurda contra nuestro pueblo con relación al tema haitiano», insistió.

De su lado, el jurista Juan Ortíz, director ejecutivo del Voluntariado por la Seguridad de Santiago (Vose), dijo que República Dominicana es el único país donde los organismos internacionales están tratando de imponer sus criterios y dijo que de seguir con este asedio lo más prudente es que el país se retire de la CorteIDH.

Sostuvo que es inconcebible que con decisiones foráneas se trate de dirigir los destinos de un país, que como la República Dominicana es soberano e independiente, tiene su propia constitución y un tribunal con garantía constitucional.

De su lado, el historiador y analista del tema haitiano, Ramón Cabral de la Torre estimó que la sentencia no es vinculante y que el país no está obligado a acatarla.

Cabral de la Torre dijo que la sentencia es el resultado de una campaña de conjura en contra de la República Dominicana.