SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Grupo SIN califico de infundada la afirmación del vocero de la Junta Central Electoral (JCE) de que trabajos difundidos a través de sus espacios informativos forman parte de una supuesta campaña de descrédito emprendida contra el tribunal de comicios.

En una nota editorial, SIN reafirma su compromiso con la sociedad y su derecho a estar debidamente informada de todos los temas de interés general, especialmente cuando se refieren al manejo de fondos y recursos públicos.

A continuación, el texto del editorial, titulado Por la transparencia:

El Grupo SIN sólo trabaja a favor de la transparencia. Nuestra misión es contribuir en la lucha contra la corrupción.

Todos los funcionarios públicos están en el deber de rendir cuentas en cualquier momento, sobre todo cuando se trata del manejo de fondos y recursos del erario nacional.

En consecuencia, las personas que acceden a posiciones en la administración pública deben tener bien claro que por la naturaleza misma de sus funciones están sometidos al escrutinio de la opinión pública y de la ciudadanía en general.

Por tanto, consideramos fuera de lugar y carente de fundamento la afirmación de un vocero de la Junta Central Electoral (JCE) de trabajos periodísticos divulgados en SIN forman parte de una supuesta campaña de difamación contra ese organismo y su presidente, Roberto Rosario Márquez.

La investigación y tratamiento de los temas de interés general son parte de la obligación de un medio comprometido con el imperio de la ley y la institucionalidad democrática y no pueden ser obviados, aunque causen resquemores y reacciones indebidas.

Como fruto de una obra humana sujeta a errores, SIN puede eventualmente incurrir de manera involuntaria en alguna imprecisión, pero jamás se presta de forma deliberada a manipular informaciones y mucho menos a faltar a la verdad.

Contrario a lo expresado por el vocero de la JCE, SIN actúa con total libertad e independencia editorial al abordar y enfocar temas de trascendencia, sin obedecer a directrices o intereses de entidades o grupos ajenos a su estructura ejecutiva.

Nuestra obligación es con la sociedad y con los ciudadanos que aspiran a vivir en un país donde no pereza la libertad de expresión y difusión del pensamiento por la intolerancia y prepotencia de quienes quieren actuar sin compromiso con los mejores valores nacionales