Temístocles Montás

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Economía, Temístocles Montás dijo este jueves que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al país por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000, "no se compadece" con los esfuerzos que hace el Gobierno para resolver el problema migratorio en la nación.

No obstante, reconoció que el Gobierno, que dará a conocer mañana su respuesta a dicha sentencia, "debe analizar el caso de manera profunda".

"Lo que no quisiera es que se llegara a creer que la República Dominicana no es un estado soberano, (el cual) tiene todo el derecho a regular la presencia de extranjeros, que es lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente (Danilo) Medina de manera correcta", dijo Montás, entrevistado en el acto inaugural de la Semana de Francia en República Dominicana en la Biblioteca Nacional, al que asistió el presidente Danilo Medina.

Montás calificó como un "exceso" de la CorteIDH pedir que sea dejada sin efecto la sentencia sobre inmigración dictada el año pasado por el Tribunal Constitucional, que fija los parámetros para adquirir la nacionalidad dominicana.

El portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, anunció anoche que será mañana cuando el Gobierno fije su posición con respecto a la sentencia.

Rodríguez Marchena dijo que la sentencia del organismo, dada a conocer este miércoles en San José, Costa Rica, "merece un estudio ponderado y con sumo cuidado", ya que atañe otros poderes del Estado, con son el Justicia y el Legislativo.

El funcionario dio a conocer que especialistas del Gobierno conocen con la "más absoluta serenidad", la sentencia de 160 páginas.

Rodríguez Marchena agregó que esos técnicos realizan un estudio de la sentencia "con sumo cuidado y con suma prudencia", para no interferir en las prerrogativas de otros poderes del Estado.

La Corte encontró culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana.

La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus fallos son de acatamiento obligatorio.