El terreno figura a nombre de la empresa Settingsun Group Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde noviembre del mismo año.

SANTO DOMINGO.- Los Pandora Papers también nos llevan a un terreno de 11,580 metros cuadrados que dan al mar y al campo de golf en Punta Espada de Cap Cana, en la provincia La Altagracia.

Las plantas silvestres arropan gran parte de la propiedad, adquirida a finales de octubre del 2012 por 10 millones de dólares, según datos del propio complejo turístico.

El terreno figura a nombre de la empresa Settingsun Group Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde noviembre del mismo año.

Esta compañía forma parte de los más de 11.9 millones de documentos de los Papeles de Pandora, una filtración que incluye los archivos de 14 bufetes a nivel mundial, con fechas entre 1996 y 2020.

Por más de un año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y unos 150 medios, con la colaboración de 600 periodistas, en 117 países, incluyendo El Informe del Grupo SIN, analizaron los registros.

Según documentos del bufete Trident Trust, proveedora de servicios de offshore, la empresa Settingsun Group, aparece inicialmente con dos accionistas/directores en noviembre de 2012, cada uno con 25 mil acciones.

Uno de esos accionistas y presidente de la empresa en 2012 era Raúl Gorrín, abogado y empresario Venezolano, acusado en diciembre del 2018 en una corte federal del Sur de la Florida y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU, en enero de 2019 por corrupción y lavado estimado en más de mil millones de dólares, por alegadamente sobornar a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas.

En junio de 2013, las 50 mil acciones de Settingsun pasan a manos de VEF Management Corp, registrada en las Islas Caimán con los hermanos Adrián y Josmel Velázquez, también venezolanos, convirtiéndose en los directores.

Adrián Velázquez, mejor conocido como el “Capitán Guarapiche”, fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio Presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez.

Su esposa Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del difunto mandatario, luego pasó a dirigir la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013.

La pareja también fue señalada en la Florida y por el Departamento del Tesoro de EE.UU., junto a Gorrín, por delitos de “sobornos y lavado de dinero”, acusados de amasar beneficios de las arcas de Venezuela en no menos de 2 mil millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses alegan que Gorrín, dueño de Seguros La Vitalicia y del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros nacionales, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz y también a Velásquez, en beneficio de Díaz, "para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables".

Los sobornos incluirían “transferencias de dinero a Díaz y a su esposo, y la compra de activos a su nombre, incluyendo una residencia en Cap Cana y un avión”.

Las autoridades federales dicen que los hechos ocurrieron entre 2008 y 2017, años que coinciden con la fecha en que fue comprado el terreno en Punta Espada en 2012.

El 03 de febrero de 2014, se advirtió de otro cambio en la empresa Settingsun Group, cambio que quedaría plasmado en un correo del bufete dominicano local dirigido a Trident Trust, que informaba que “los actuales directores (los Velásquez) y dueños de la offshore renunciarán y transferirán las acciones a Maravilla Holdings”, empresa creada en Panamá en diciembre de 2013.

Se indicaba además que el “único accionista sería Maravilla Holding, con un único director llamado Ángel Encarnación”, actual subdirector de la Dirección General de Aduanas en el país.

En esa misma fecha, la representante de Trident escribió al bufete dominicano que “no se había realizado la debida diligencia con relación al beneficiario final principal de Settingsun”, o sea, no habían realizado los procedimientos para lograr el adecuado conocimiento sobre el cliente y las actividades que este realizaba.

Entre los documentos aparece la certificación con el sello de las Islas Vírgenes Británicas, que finalmente señala a Encarnación, como único director con fecha del 11 de febrero de 2014 y otro con su firma, certificando el cambio, con fecha del 24 de febrero.

Tres años más tarde, el 23 de febrero de 2017, otro correo enviado a Trident Trust indica que el Beneficiario Final de Maravilla Holdings es Encarnación.

“Tiene que declarar las acciones que tiene”, dijo el abogado Francisco Álvarez, experto en el tema de offshores. “Me acabas de poner una escalera de compañías entonces una propietaria, una compañía como accionista y ésta a su vez tiene una persona física como beneficiario final”.

En su declaración jurada de bienes, Encarnación indica que era abogado especializado en Litigios Corporativos, Negocios, Inversiones y Contratos, pero en el mismo formulario, no declara a Settingsun Group, ni Maravilla Holdings.

La Ley de Declaración Jurada de Patrimonio requiere declarar información relativa a su carácter de socio o accionista en corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean éstas con fines lucrativos o no, además de información sobre membresía en juntas o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas.

Al ser contactado, Encarnación respondió por escrito diciendo “no soy ni nunca he sido beneficiario final de las sociedades Settingsun Group Limited y Maravilla Holdings S.A. (…) por eso la misma no se encuentra en mi declaración de bienes, por no ser parte de mi patrimonio”.

Para tales fines, remitió una certificación del bufete panameño Fabrega Molino, que dice que en su condición de agentes registrados de la Sociedad Maravilla… el señor Encarnación “no es ni ha sido accionista ni beneficiario final” de la Sociedad.

Esto contradice el correo electrónico enviado en 2017, a lo que Encarnación respondió diciendo “el correo no puede estar firmado con mi nombre”, pero no dijo porque aparece nombrado como Beneficiario Final.

El funcionario de la DGA añadió en su misiva dirigida a El Informe “En mi trayectoria, ocasionalmente he asistido sirviendo como parte de directorios y apoderado de diversas sociedades relacionadas con mis clientes, lo cual es menester para profesionales con especialidad en inversión nacional y extranjera”.

En cuanto a la función de director, dijo que el reglamento de la Ley de Declaración Jurada de Bienes establece que lo suministrado debe ser “información que pudiera generar conflictos de interés con la función que se desarrolla como funcionario público” y que “la función como Director de la Empresa” Settingsun, “no tiene, ni de manera remota, vinculación alguna con la función pública aduanera”.

El anterior director de Settingsun, Velásquez y su esposa Díaz fueron arrestados en Madrid en abril de 2018, con una orden de detención cursada por el gobierno de Venezuela que pedía a la pareja en extradición, pero luego fueron puestos en libertad.

En diciembre del año pasado los detuvieron nuevamente en España, esta vez para ser extraditados a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones de lavado, proceso que aún está en curso.

Ambos habían salido de Caracas tras la muerte de Chávez en 2013 para instalarse en la República Dominicana, según correos que aparecieron en la filtración de los Panama Papers y luego trasladarse a España, donde residían de manera clandestina.

En esos documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, se reveló que Velásquez contaba con una cuenta bancaria en Suiza y había creado una offshore en abril de 2013, justo dos meses antes de que el terreno en Cap Cana pasara a sus manos.

“No tengo conocimiento formal de sometimientos para con los señores de referencia” dijo Encarnación a El Informe, añadiendo que “como profesional del derecho de más de 15 años de experiencia he aprendido a no asumir verdades que no tengan soporte documental o judicial.

He leído en la prensa internacional sospechas y reportajes. Solo eso. Eso sin hacer juicio de valor en respeto de las obligaciones propias de la relación cliente abogado”, señaló.

Sobre este señalamiento, Álvarez dijo que la Ley 155 de 2017 contra Lavado de Activos robusteció las reglas del juego, convirtiendo a una serie de personas “en sujetos obligados entre ellos los abogados, los auditores, contadores, ya no podemos decir no esto es un cliente, nosotros tenemos que saber que el dinero proviene de una fuente legitima”.

De su lado, Encarnación dijo de Velásquez que “fue un cliente referido a nuestro despacho por grupos empresariales muy reconocidos en la economía dominicana (…) sectores turísticos e industriales. Tenía permiso de residencia dominicana, una residencia española, una cedula de identidad de extranjero dominicano, y cuentas bancarias (…) para 2014, pasaba todos los registros que normalmente hacíamos”.

Aseguró que tiene más de 5 años que no se comunica con el señalado, con quien dice habló por última vez en 2016.

Pero no es la primera vez que Encarnación participa en gestiones legales con venezolanos acusados de infringir la ley.

En la acusación del Banco Peravia, aparece nombrado en 2018 como defensor técnico de Lorenzo Alejandro Labiosa López, un venezolano prófugo, quien fue acusado como parte del fraude.

A Labiosa López, junto a otros, se le acusa de hacer transferencias ilícitas con dinero de los ahorrantes de la entidad financiera, adquiriendo bienes a través de las empresas de carpetas que constituyeron, robando identidad de personas extranjeras, sobre todo venezolanas, captando recursos en dólares, fuera del sistema bancario, entre otras acciones.

Como parte de ese mismo fraude del Banco Peravia fue acusado Gorrín, en el Sur de la Florida en 2018, recuerden, presidente y director de Settingsun en sus inicios.

La Fiscalía Federal dijo que se asoció a uno de los principales acusados del caso Peravia, Gabriel Jiménez Aray, para la compra del banco, para así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos, las ganancias de esto y otros esquemas.

Jiménez Aray fue finalmente condenado a tres años de prisión en la Florida, luego de admitir, según el Departamento de Justicia, que conspiró junto Gorrín y otros para la adquisición del Peravia, a través del cual ayudó a llevar a cabo este esquema de corrupción.

Sobre Labiosa López, Encarnación señalo: “me lo recomendaron para representarlo en el caso del Peravia. Lo conocí en Estados Unidos en el mes de Octubre del 2015, no en calidad de venezolano, sino de ciudadano norteamericano”, añadiendo que dejó de representarlo en mayo del 2016.