El magistrado Rigoberto Sena adoptó el requerimiento de medida de coerción solicitado por la Fiscalía del Distrito Nacional, y dispuso que el imputado José Manuel Bautista Aquino (Ovidio), cumpla la prisión en la cárcel de Najayo.

SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Alberto Bonilla Sánchez, advirtiendo que al funcionario le podría “pasar lo mismo que lo ocurrido al ministro de Medio Ambiente”, Orlando Jorge Mera.

El magistrado Rigoberto Sena adoptó el requerimiento de medida de coerción solicitado por la Fiscalía del Distrito Nacional, y dispuso que el imputado José Manuel Bautista Aquino (Ovidio), cumpla la prisión en la cárcel de Najayo.

De acuerdo al departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidio), el 28 de junio pasado el imputado realizó una llamada a la empresa CBS Development, SRL, propiedad de Bonilla Sánchez, a la que respondió la señora Jacqueline Ayala Jiménez, quien se desempeña como asistente de servicio al cliente de la referida empresa.

Sostiene la instancia firmada por la fiscal que el imputado manifestó en reiteradas ocasiones, durante la llamada, “que le diga al dueño de eso que iba a ir el sábado a matar a uno, que iba dispuesto a lo que sea”, haciendo referencia al sábado 2 de julio.

Agrega, la instancia que Ovidio también manifestó: “tu viste como mataron al ministro de medio ambiente, espérenme con eso lleno de policías que voy el sábado dispuesto a lo que sea, haya va a pasar un caso”, entre otras amenazas de también matar todo el personal de la compañía.

La acusación señala que posteriormente el imputado realizó otra llamada a la referida empresa siendo esta contestada por la señora Stephanie Mateo Jiménez, continuando con su conducta amenazante e insistiendo que le “diga al dueño de la compañía que comprara un galón de gasolina y le iba rociar, que con 200 pesos el resuelve eso”.

Aduce que la conducta del imputado se debe a una relación contractual existente por la venta de un inmueble desde el año 2018, entre su esposa Johanka Sosa Faña y el ministro Carlos Bonilla, propietario de la referida empresa.