SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió este miércoles la demanda de intervención forzosa de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) contra el presidente dominicano, Danilo Medina, el expresidente Hipólito Mejía, Luis Abinader y los principales partidos políticos (PRD, PLD y PRSC), informó la organización de la sociedad civil.

Con esta intervención forzosa, se busca que aclaren al país su posición en cuanto a la explotación de la minería en Loma Miranda.

Según informó la FJT en un comunicado, se les reiteró la citación para que puedan disponer de un mayor tiempo para asistir a la audiencia o hacerse representar en la misma.

Además, la FJT informó del aplazamiento de la acción de amparo preventivo contra el Senado, el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Minería, en defensa de la no explotación de Loma Miranda, por supuesta violación a la Constitución de la República y de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional.

En este sentido, la audiencia fue prorrogada para el próximo miércoles 12 de marzo, con el fin de citar y darles más tiempo a las partes en la causa.

La FJT condenó que pese a que el director de Minería, Alexis Medina, estaba debidamente citado, no asistió al requerimiento judicial, que se le hizo para que explicara su decisión de favorecer la explotación minera de Loma Miranda, a pesar de que el pueblo dominicano lo rechaza y los tribunales lo han negado reiteradamente.

Trajano Porentini, presidente de la FJT, prometió continuar la lucha para que Loma Miranda no sea explotada, y con ello honrar el esfuerzo de tantas personas en La Vega, Monseñor Nouel y en todo el país.

"No importan las ausencias, ni los reenvíos o postergaciones innecesarias provocadas por el director de Minería, estaremos allí tantas veces como sea necesario, hasta que el Tribunal Superior Administrativo dictamine lo que proceda", expresó.

También dijo que se estudian los datos necesarios para proceder judicialmente contra los individuos y empresas que "hayan depredado la zona", porque la preservación de la Cordillera Central es de "importancia vital" para la República Dominicana.

"No se trata de intereses individuales o particulares, se trata del futuro de todo el país, que cada vez con mayor rapidez ve disminuir la disponibilidad del recurso del agua", expresó.

La FJT recordó que para el Tribunal Constitucional dominicano, como también dilucidó el tribunal de primera instancia de La Vega a instancias de grupos locales, la explotación minera no puede realizarse sin dañar el medio ambiente.

Esa decisión, asumida mediante sentencia, vincula a todos los poderes del Estado e impide que "un funcionario de menor jerarquía", como el director general de Minería, autorice lo que el Tribunal Constitucional ha prohibido, sostuvo Potentini.