Gonzalo Vargas Llosa, representante de Acnur en el país.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las Naciones Unidas, ONG y la sociedad civil hicieron conjuntamente una serie de recomendaciones al Estado dominicano, tras evaluar la ejecución de la ley de naturalización y regularización de extranjeros, así como el número de personas que se han beneficiado de la misma, que es todavía "muy pequeño".

Así lo manifestó a Efe hoy el saliente representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Gonzalo Vargas Llosa.

La ONU a principios de este año nombró a Gonzalo Vargas Llosa representante del Acnur en Londres para el Reino Unido, y aunque su partida se demoró, finalmente, abandonará mañana la República Dominicana, tras casi cinco años en el país.

En su conversación con Efe, Vargas Llosa hizo un balance de su estancia en la República Dominicana, donde señaló que el tema de la nacionalidad es uno de los desafíos más complicados.

Consideró que la promulgación de la ley de naturalización y regularización de extranjeros fue algo "positivo", y básicamente esa iniciativa se dio gracias a la "voluntad política" del presidente Danilo Medina y de su entorno en el Ejecutivo.

Sin embargo, Vargas Llosa también apuntó que como muestran los datos dados a conocer por las dos entidades estatales que están liderando la ejecución de esa ley, (la Junta central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía), sobre el número de personas que se han beneficiado de la ley, "es todavía muy pequeño".

"En relación al grupo de personas que fueron registradas en el registro civil dominicano en el pasado, donde según la Junta Central Electoral, el universo potencial de beneficiarios serían unos 24.600, hasta el día de hoy menos de 1.000 personas tendrían acceso ya a sus documentos", indicó.

En cuanto, al otro grupo que tiene que ver con las personas nacidas en suelo dominicano de padres inmigrantes en situación irregular pero que nunca fueron registradas en el registro civil dominicano, el diplomático apuntó que el potencial universo total de beneficiaros según el Gobierno podría estar entre 50.000 y más de 100.000 personas.

Sin embargo, dijo que la cifra más reciente ofrecida por el Ministerio de Interior y Policía apunta a unas 500 personas las que habrían podido someter sus solicitudes.

"También un porcentaje sumamente bajo, y en este caso la situación es más difícil aún porque esa parte de la ley, sujeta al reglamento expira en menos de tres semanas", sostuvo.

En este sentido, Vargas Llosa explicó que las Naciones Unidas, las ONGs y la sociedad civil han invertido mucho tiempo y recursos para apoyar esta ley.

"No hemos sido unos observadores críticos de la ejecución de la ley, hemos estado involucrados en hacer todo lo posible para que se conozca y para que la gente se acoja voluntariamente, pero también hemos monitoreado y evaluado la ejecución de la misma, y conjuntamente hemos hecho una serie de recomendaciones al Estado dominicano", expresó.

Entre las recomendaciones destacó que las entidades que están ejecutando la ley se limiten exclusivamente a pedir a las personas que quieren acogerse a la misma, los requisitos que están mencionados en ella y en su reglamento.

"En algunos casos se han visto situaciones donde se les piden requisitos adicionales y eso puede significar un obstáculo para muchas personas que se quieren acoger a la ley", expuso.

Otra de las recomendaciones realizadas es que la Junta Central Electoral acelere el procedimiento de auditar y liberar las actas de nacimiento de ese grupo de 24.600 personas.

En cuanto al numero de personas que nunca fueron registradas, recomendaron que el Ejecutivo y el Congreso extiendan la ley o adopten una nueva que permita un plazo de unos meses para que se puedan acoger el mayor número de personas.

En este sentido, también se manifestó ayer el ministro del Interior, José Ramón Fadul, aseguró que se está estudiando la posibilidad de prolongar la fecha aplicación a la ley, más allá del 28 de octubre, a la vista de las personas que han aplicado.